La jubilación en septiembre apremia a Peinado a dejar cerrado el "caso Begoña"

La jubilación en septiembre apremia al magistrado Juan Carlos Peinado a cerrar el «caso Begoña Gómez». El juez, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene, por tanto, tan solo seis meses para decidir si envía la causa a un juicio con jurado popular. De lo contrario, el procedimiento recaerá en manos de otro magistrado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la jubilación por edad de los jueces y magistrados es «forzosa» y se decretará con la antelación suficiente para que el cese se produzca al cumplir la edad de setenta años. No obstante, deja abierta la posibilidad de prolongar el servicio activo hasta los 72 años –Peinado nació en septiembre de 1954–.

Además, al magistrado se le acumula otra fecha límite: la prórroga de la causa. El procedimiento se inició en abril de 2024 y se prorrogó el pasado mes de octubre hasta el 16 de este mismo mes, aunque podría ampliarse seis meses más, que es lo que confiere la ley.

Ante tal escenario, Peinado, en aras de cerrar el caso, tendría que comunicar a los investigados su decisión sobre el juicio. Es algo que, además, intentó esta misma semana cuando citó a los tres acusados –Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez– para explicarles que el procedimiento en caso de ir a juicio recaería en un jurado popular.

Sin embargo, al igual que en las dos ocasiones anteriores, ninguno de los investigados acudió a la cita en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Tanto las defensas como la Fiscalía pidieron en esta vistilla el archivo de la causa.

Ahora bien, ¿qué sucede si no culmina el procedimiento? La causa pasaría a manos de un magistrado de forma temporal hasta que, mediante concurso público, se asigne la plaza a un nuevo titular. En la designación ordinaria es donde entran en juego los criterios de antigüedad, escalafón y méritos. Pero, en cualquier caso, quien asuma las diligencias puede encontrarse con el escenario de que la causa siga abierta y queden diligencias por completar, a menos que Peinado cierre el caso antes de su jubilación.

Por otro lado, la defensa de Begoña Gómez solicita el archivo del caso, alegando que el magistrado instruye un procedimiento en su contra por «ser cónyuge del presidente del Gobierno». El instructor, en cambio, ve indicios sólidos de delito en la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid y en que Begoña Gómez aprovechó su posición para influir en adjudicaciones públicas, entre otros asuntos.

Peinado investiga a la mujer de Pedro Sánchez por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Con todo, el horizonte judicial más cercano es que el magistrado se pronuncie sobre la procedencia o no de llevar a cabo las pesquisas solicitadas por la acción popular y resuelva los recursos de reforma interpuestos por las defensas contra su decisión.