Sin educación no hay democracia, ni seguridad ni crecimiento, por Flor Pablo Medina

*Por Flor Pablo Medina, Congresista de la República y exministra de Educación 

 

En el Perú hemos sostenido una idea equivocada: que la economía y la educación son agendas separadas. Mientras se priorizan indicadores macroeconómicos, se ha relegado el factor más determinante del desarrollo: la formación de ciudadanos críticos y productivos.

Hoy estamos pagando las consecuencias. El país enfrenta una crisis de inseguridad, una economía con cerca del 70% de informalidad y profundas desigualdades. Estos problemas no son independientes. Son el resultado acumulado de haber abandonado el desarrollo del capital humano como prioridad nacional.

Los datos son dramáticos. Solo 3 de cada 10 estudiantes comprenden lo que leen, más de 1 millón de niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, tenemos cerca de 300 mil huérfanos luego de la pandemia. Apenas 3 de cada 10 jóvenes acceden a educación superior, más de 8 millones de peruanos jóvenes y adultos no terminaron la secundaria, a esto se suma que cerca del 40% de niños sufre anemia, lo que afecta su desarrollo cognitivo desde los primeros años de vida.

Este escenario no solo expresa una crisis educativa, expresa un modelo de desarrollo incompleto. Un país que no forma ciudadanos críticos, ni desarrolla capacidades difícilmente podrá construir cohesión social, sostener un sistema democrático y productivo, y mucho menos reducir la informalidad. La inseguridad, que por estos días es la bandera de campaña de todos los partidos políticos que participan en las elecciones, también se alimenta de trayectorias de exclusión: adolescentes y jóvenes sin oportunidades, sin educación y sin horizonte que son captados y utilizados por las mafias del crimen organizado, el sicariato y la extorsión.

Durante años, la educación ha sido tratada como un sector social más, subordinado en el presupuesto y en la toma de decisiones. Esa mirada ha limitado su impacto. La educación no es un gasto. Es la principal política económica de un país que quiere desarrollarse. Por eso, debemos colocarla en el centro del modelo de desarrollo del Perú. Esto implica al menos 5 decisiones concretas de gobierno.

Primero, priorizar la inversión en la primera infancia y en los aprendizajes fundamentales. Reducir la anemia y asegurar condiciones básicas para los aprendizajes debe ser una política nacional articulada entre educación, salud y protección social. El Estado debe garantizar que todos los niños concluyan la primaria comprendiendo lo que leen, porque allí se define el desarrollo futuro.

Segundo, articular la política educativa con el desarrollo productivo del país. La gran base de la fuerza productiva del país no ha concluido la secundaria y gran parte de ellos desarrollan actividades económicas en la informalidad. Parece que aún no hemos dimensionado que se trata de poco más del número de estudiantes que hoy se encuentra en el sistema educativo. Se requiere una política transversal de gobierno, más allá del sector educación, que consolide un sistema intersectorial, intergubernamental, territorial y que incluya al sector privado para desarrollar y certificar capacidades de acuerdo a su experiencia, saberes y necesidades productivas que requiere el país.

Tercero, fortalecer la carrera docente con formación de calidad, meritocracia y pensiones dignas. No hay sistema educativo sólido sin maestros valorados y con condiciones adecuadas durante toda su trayectoria.

Cuarto, cerrar brechas territoriales (servicios básicos, conectividad, infraestructura). Con una gestión descentralizada que tenga capacidades reales de respuesta. El desarrollo del país depende de lo que ocurre en cada región y en cada institución educativa. Por ello es clave su autonomía.

Quinto, garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y ampliar el acceso a educación superior con calidad. Asegurar el presupuesto correspondiente para la renovación del licenciamiento de universidades e institutos públicos, y conectando la formación con oportunidades reales de empleo y desarrollo.

Estas no son medidas sectoriales. Son decisiones económicas estratégicas.

La democracia no se sostiene sin ciudadanos informados, reflexivos, que cuestionen y denuncien sistemas autoritarios e ilegítimos, capaces de ejercer vigilancia sobre sus gobernantes. El crecimiento no se sostiene si no se construyen capacidades. La seguridad no se resuelve solo con control, sino con oportunidades. La reducción de la desigualdad depende de la calidad de la educación que reciben las personas.

El Perú necesita dejar de administrar la urgencia y empezar a construir futuro. Colocar la educación como la principal política económica no es una consigna, debe ser una decisión de liderazgo y de Estado. Ese es el camino para un país con más oportunidades, más productividad, más seguridad y más democracia.