Editorial: Es hora de proteger la Fuerza Pública de la infiltración criminal
El arresto de un oficial de la Fuerza Pública cuando presuntamente intentaba ingresar una tonelada de cocaína al megapuerto de Moín, en Limón, para ser embarcada hacia Bélgica, ratifica que el crimen organizado busca penetrar, desde adentro, a quienes deben combatirlo. Este hecho ocurrido el lunes 9 de marzo, y otros de las últimas semanas, deben llevar al Ministerio de Seguridad Pública a endurecer los procesos de reclutamiento y establecer controles permanentes para detectar y expulsar a quienes traicionan el uniforme.
Otro caso trascendió el martes 17 de marzo con la captura de un policía que filtraba información a asaltantes de comercios especializados en robo de cajas fuertes, en Limón, al punto de asesorarlos con tácticas como bloquear con cadenas puentes cercanos para retrasar la llegada de patrullas. En Crucitas, en Cutris de San Carlos, un oficial fue detenido por colaborar con organizaciones que extraen oro ilegalmente, una historia similar a la de otros tres policías sorprendidos en diciembre con ¢8 millones supuestamente cobrados a coligalleros a cambio de permitirles el saqueo y transporte hacia Nicaragua. Otros dos oficiales cayeron este mes en playas del Coco por despojar de sus pertenencias a un motociclista que acababa de ser atacado por sicarios, y se investiga a otro que en Hatillo habría recibido una dosis de droga.
La lista es amplia pero el patrón es el mismo: conexiones con el crimen organizado. El problema se arrastra desde hace décadas, pero ahora adquiere una dimensión más preocupante por el volumen de dinero ilícito que manejan los grupos delictivos que lucran con el tráfico de drogas, el contrabando de cigarrillos y licor, la trata de personas o la extracción de oro. La amenaza se sintetiza en que “a los funcionarios policiales los están tentando con sumas millonarias”, como advirtió el exdirector de la Fuerza Pública y exviceministro de Seguridad, Daniel Calderón, al ser interrogado por diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el 3 de julio del 2025.
La corrupción policial es de larga data. Ya en 1998 se hablaba de 4.000 denuncias contra oficiales y sobre la urgencia de depurar y fortalecer los procesos de reclutamiento. En el 2010, cerca de 500 policías eran investigados por distintos delitos. Siete años después, en el 2017, el país fue sacudido por la detención del exdirector de la Fuerza Pública José Fabio Pizarro mientras escoltaba un cargamento de 237 kilos de cocaína en la ruta 27. En el 2020, se reportaron 6.916 denuncias contra oficiales y, en los últimos cinco años, el Ministerio de Seguridad despidió a 117.
Sin embargo, la Auditoría Interna advirtió, en un informe de diciembre del 2025, sobre la falta de herramientas de evaluación continua y mecanismos internos de seguimiento para verificar aspectos relacionados con la promoción de la ética en la institución.
Tomar acciones sobre esta problemática se hace urgente, y varias medidas pueden adoptarse para prevenirla. Estimular la denuncia interna resulta vital. Si se garantiza el anonimato y la protección, más oficiales íntegros se atreverán a señalar a quienes transgreden los principios. Un caso ejemplar ocurrió en el 2018, cuando varios funcionarios denunciaron a 10 compañeros de la Policía de Migración por integrar una red de trata de personas. “Ellos mismos limpian la casa”, se dijo entonces.
Pero lo apremiante es robustecer el proceso de reclutamiento. Desde 1998 se insistía en una detallada investigación del aspirante que comience “casi desde su nacimiento” y en el rechazo ad portas ante la mínima duda. También es necesario revisar y apuntalar la formación, porque, en este nuevo contexto, un cuerpo policial sólido no solo se entrena en táctica, sino en criterio y valores. Los salarios –que en los rangos operativos rondan los ¢726.000 y a partir de abril subirán a ¢746.000, según el gobierno– pueden explicar presiones, pero no convertirse en excusa para corromperse.
Insistimos: la mayoría de los policías son íntegros y cumplen su deber en medio de jornadas extensas, exposición constante al riesgo, deterioradas comisarías y equipos precarios. Ese esfuerzo no puede ser opacado por la conducta de una minoría, sobre todo cuando de la integridad de cada oficial depende la confianza en la institución, la seguridad de las familias, de los barrios, de los comercios, de los transportistas, y la posibilidad misma de vivir sin miedo. Por eso, cerrar las puertas a la infiltración criminal debe ser una política permanente en el Ministerio de Seguridad Pública.