La subida de la energía y los combustibles como consecuencia de la guerra en Irán dispara la pobreza energética en España

La subida de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes está agravando la pobreza energética en España, una emergencia social que ya afecta a millones de hogares y que obliga a muchas familias a convivir con frío en invierno o calor extremo en verano por miedo al recibo de la luz. Así lo advierte Cruz Roja Española, que ha puesto el foco en esta problemática ante el encarecimiento de la energía y el aumento de situaciones de vulnerabilidad.

Según la organización humanitaria, el actual contexto internacional, marcado por la incertidumbre geopolítica y las tensiones en Oriente Medio, ha contribuido a incrementar el coste de la energía. Este encarecimiento repercute directamente en los hogares con menos recursos, que se enfrentan a la imposibilidad de mantener unas condiciones térmicas adecuadas en sus viviendas.

La pobreza energética se define, según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, como la situación en la que un hogar no puede acceder de forma segura y asequible a los servicios energéticos necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas. En la práctica, se traduce en hogares que no pueden calentar su vivienda en invierno, que reducen al mínimo el uso de la calefacción o el aire acondicionado o que acumulan retrasos en el pago de las facturas.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. En España, alrededor de 8,5 millones de personas declararon en 2024 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, una situación que afecta con especial intensidad a quienes viven de alquiler. En estos hogares, cerca del 30% reconoce no alcanzar un nivel mínimo de confort térmico, frente al 18% de la media nacional.

A ello se suma la presión financiera que soportan muchos hogares. Cerca de 4,8 millones de personas en España aseguran haber tenido retrasos en el pago de sus facturas energéticas, una proporción que supera el 21% entre quienes viven en alquiler a precio de mercado.

Cruz Roja, que cada año atiende a millones de personas en distintos programas sociales, estima que alrededor del 60% de los usuarios con los que trabaja sufre algún grado de pobreza energética, lo que convierte esta situación en uno de los factores más relevantes de exclusión social.

Detrás de estas cifras se esconden historias personales que reflejan la dureza del problema. María José, una mujer de 49 años residente en la Comunidad Valenciana y beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, explica que para soportar el frío en su vivienda necesita ponerse “pijama, chaqueta y batín”. Encender la estufa, asegura, es “un lujo” que apenas puede permitirse.

Como ella, otras familias afrontan el invierno con estrategias de supervivencia que pasan por calentar solo una habitación, reducir el consumo energético al mínimo o recurrir a mantas y ropa de abrigo dentro de casa.

Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja ha reforzado en el último año sus programas de apoyo a hogares vulnerables. Durante 2025 la organización atendió a 15.531 personas mediante intervenciones dirigidas específicamente a combatir la pobreza energética.

Una de las medidas más extendidas es la entrega de kits de microeficiencia energética, que incluyen bombillas LED, regletas con interruptor para evitar el consumo fantasma o burletes para mejorar el aislamiento de puertas y ventanas. Aproximadamente la mitad de las personas atendidas recibió alguno de estos dispositivos.

La organización también ha impulsado talleres formativos para ayudar a las familias a comprender su factura eléctrica, gestionar el bono social o aplicar medidas de ahorro energético en el hogar. Paralelamente, ha llevado a cabo auditorías energéticas y mejoras en viviendas vulnerables, con intervenciones en 355 hogares durante el último año que han incluido cambios de ventanas o mejoras en el aislamiento.

Sin embargo, el análisis de la organización revela que el problema está evolucionando y que cada vez afecta a perfiles más diversos. Los equipos sociales detectan un aumento de los denominados “trabajadores pobres”, personas con empleo cuyos ingresos no son suficientes para cubrir el coste de la vida y los gastos energéticos.

Además, muchas familias vulnerables quedan fuera de las ayudas públicas debido a obstáculos administrativos. Uno de los casos más frecuentes se da en el acceso al bono social eléctrico, ya que muchos inquilinos no pueden solicitarlo porque el contrato de suministro sigue a nombre del propietario. En otros casos, quienes viven en habitaciones alquiladas o en viviendas sin contrato formal tampoco pueden acreditar su situación para acceder a las ayudas.

El estado del parque inmobiliario agrava aún más el problema. Según Cruz Roja, muchas de las viviendas en las que interviene tienen entre 40 y 50 años de antigüedad, con aislamiento deficiente, humedades y ventanas en mal estado. En estas condiciones, cualquier intento de climatización resulta poco eficiente y eleva aún más el coste energético.

Ante este escenario, la organización advierte de que la pobreza energética no es un fenómeno puntual, sino un problema estructural que se intensifica en colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores con pensiones mínimas, familias monomarentales o migrantes con dificultades para acceder al mercado laboral.

Pese a ello, Cruz Roja subraya que la educación energética y el acompañamiento social pueden marcar la diferencia. Cuando las familias comprenden sus derechos y aprenden a optimizar su consumo, explican los responsables de la organización, es posible lograr mejoras reales que alivien la presión económica y mejoren su calidad de vida.