Violencia lleva al MEP a instalar cámaras en 500 centros educativos
El asesinato del estudiante Liann Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, por parte de un compañero de colegio, el pasado 9 de marzo, volvió a poner en evidencia la violencia que rodea a los centros educativos del país.
El crimen que acabó con la vida de este alumno del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia, se suma a otros episodios recientes que reflejan el deterioro del ambiente dentro y fuera de las instituciones educativas.
De hecho, poco después de este incidente el Ministerio de Educación Pública (MEP) se refirió a una pelea a golpes entre dos colegiales en Upala.
Frente a ese panorama, el MEP planea instalar cámaras con inteligencia artificial en aulas, pasillos y espacios de convivencia de 500 centros educativos, con el objetivo de vigilar lo que ocurre dentro de las instituciones y detectar agresiones o casos de bullying.
La violencia, en diferentes presentaciones, es parte del día a día dentro y fuera del aula. Entre los casos más sonados figuran el de un colegial a quien le extirparon un testículo tras ser golpeado por un compañero, o el de una estudiante que fue agredida y escupida por otro colegial en un autobús.
En el 2025, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP atendió 420 situaciones de violencia de estudiante a estudiante y 379 casos de bullying.
Sin embargo, estos hechos no ocurren solo entre estudiantes. A la problemática se suman los maltratos y amenazas que reportan docentes que acuden a trabajar con temor porque alumnos los amedrentan con armas punzocortantes o porque sus familias les envían mensajeros con armas de fuego.
En los últimos tiempos, la violencia también proviene desde el exterior, cuando sujetos armados ingresan a centros educativos para perseguir estudiantes o cuando ocurren tiroteos alrededor de las instituciones que desatan el terror entre alumnos y profesores.
Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, señala que aunque los alumnos solo pasan el 12% del día en las aulas y que los centros educativos no pueden solventar las problemáticas que ellos traen de su casa y su entorno social, sí es necesario reforzar el trabajo de prevención del MEP.
“Necesitamos que los centros educativos sean, después de la casa, el segundo lugar seguro para un estudiante. Si un lugar no es seguro, al docente se le dificulta dar clases, y al estudiante aprender. Yo creo que nadie aprende con miedo”, comentó.
En ese sentido, adelantó los planes que tiene su cartera para mitigar la violencia que aterroriza a escuelas y colegios.
Centros educativos se llenarán de cámaras
En primicia para La Nación, Sánchez reveló que el Ministerio de Educación colocará cámaras en todas las aulas, pasillos, comedores y espacios de convivencia de entre 500 y 600 centros educativos.
Dichas instituciones, que representan el 10% del total de escuelas y colegios públicos, concentran la mayor incidencia de violencia interna y externa (como tráfico de drogas y homicidios).
“Al final todo está correlacionado”, afirmó el jerarca, quien agregó que los dispositivos contarán con inteligencia artificial y que permitirán detectar casos de bullying, monitorear la labor de los docentes y conocer cómo se originan los conflictos.
Sánchez comentó que ya visitó un centro educativo que tiene un sistema de monitoreo 24/7 en todas las aulas, pasillos y la dirección. Afirmó que allí ya no ocurren robos y que los casos de acoso escolar disminuyeron.
El plan para replicar este modelo en cientos de centros educativos ya empezó a andar.
Sánchez indicó que ya están trabajando en la licitación y que, tomando en cuenta todo el proceso que esto implica, las cámaras estarían instaladas para el próximo curso lectivo.
Los dispositivos, según afirma, se financiarán con parte del porcentaje del presupuesto de las juntas de educación que administra el MEP.
“Estamos trabajando en la licitación para empezar con esos 500 o 600 educativos, donde ocurre cerca del 70% de las incidencias de violencia en el país. No solo se concentra en la Gran Área Metropolitana, sino que está en todas las provincias del país”, comentó.
Por otra parte, el ministro afirmó que está contemplada la contratación de 400 guardas de seguridad. Asimismo, señaló que se continuará con la revisión aleatoria de bultos una vez a la semana.
“La gente puede decir: ‘Pero lo que están haciendo no sirve’. ¿Por qué? Porque ocurren los casos, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos estos procesos de formación y de prevención? Probablemente, la incidencia de casos de bullying, de agresiones y lamentablemente cuando hay un fallecimiento hubiese sido mayor. Porque la gente ve solo el caso al final, pero no ve los casos que se previenen”, afirmó.
Mencionó como otra medida la decisión de rebajar puntos en la nota de conducta cuando un estudiante comete diferentes faltas, dependiendo de la gravedad pueden ser suspendidos hasta 50 días e incluso perder el año.
Derecho a la educación
Tras el asesinato del estudiante en Liberia, registros policiales revelaron que el sospechoso del crimen acumula antecedentes por presuntos hechos de tenencia de droga, portación ilegal de arma blanca, hurto y portación ilegal de arma permitida.
Cuando La Nación consultó al ministro de Educación sobre la presencia de estudiantes con antecedentes delictivos en los centros educativos, el jerarca indicó que no se puede negar el derecho a la educación.
Manifestó que cuando un estudiante genera problemas se le suelen ofrecer otras opciones dentro del sistema educativo para que, de esa manera, no ponga en riesgo el derecho a la educación de los demás alumnos.
“Nosotros hemos tenido estudiantes que a pesar del abordaje formativo, siguen reincidiendo con conductas violentas y se les buscan otros espacios en otras modalidades y ofertas educativas, por ejemplo, para jóvenes y adultos mayores de 15 años”, comentó.
Javier Pacheco, abogado especializado en derecho educativo de la firma Ecija Legal, comentó que no es usual que cuando un estudiante va a matricularse en educación privada o pública se le pregunte si tiene antecedentes.
Pacheco comentó que por temas de confidencialidad en casos de menores de edad no es común que se indague sobre este tema.
Entorno violento
Gabriela Garro, psicóloga infantojuvenil, señaló que la violencia en general ha tenido un aumento significativo en el país en los últimos años.
Sostuvo que lo anterior no solo provoca que el fenómeno resulte más evidente, sino que las manifestaciones de agresividad sean cada vez mayores. Y los estudiantes no son la excepción.
“Son situaciones que se vienen arrastrando de tiempo antes y que evidentemente reflejan vacíos históricos en la atención de la salud mental, en temas de educación y en el acompañamiento de las familias”, explicó la psicóloga con experiencia en atención de niños, adolescentes y jóvenes de hasta 19 años.
La profesional comentó que los actos de violencia están vinculados a lo que sucede en el entorno.
Señaló que en el caso de las personas jóvenes, aun cuando sean mayores de edad, su cerebro todavía se encuentra en desarrollo y se está construyendo con base en la información, tratos e interacciones que se reciben tanto dentro como fuera del sistema educativo.