PP y Vox alivian la presión de pactar en Extremadura y sellan un decreto para que estar en funciones no paralice la Junta
Ambas formaciones tienen hasta el 4 de mayo para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en la región y evitar la repetición electoral, pero apurar ese plazo supondría mantener el Gobierno en funciones durante más de cuatro meses
Extremadura mantiene las oposiciones de maestros en junio a pesar de que su Gobierno esté en funciones
PP y Vox aún no han podido firmar un acuerdo para la gobernabilidad de Extremadura tres meses después de las elecciones autonómicas, pero han sido capaces de acordar un decreto ley para “para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa”, ha destacado la Junta tras la celebración de un consejo de gobierno extraordinario.
En esa sesión se ha modificado la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para “adaptar la situación de un Gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos extremeños y garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración y la prestación de los servicios públicos”, se recoge en un comunicado
El decreto ley ha sido consensuado únicamente con el grupo parlamentario de Vox, “dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones concretas para Extremadura por ambas partes”, el partido con el que el PP intenta cerrar desde enero un acuerdo de gobierno que permita a María Guardiola volver a ser elegida presidenta de la Junta. Sin embargo, la falta de entendimiento hasta ahora es la que ha provocado la parálisis administrativa que PP y Vox quieren ahora flexibilizar.
El Ejecutivo en funciones justifica este decreto ley porque “un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, pero eso no puede traducirse en una Administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos”. A su juicio, la regulación vigente hasta ahora era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas, con limitaciones “que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la Administración”.
Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta de Extremadura y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, “especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo”, como sucede en la situación actual, pero es que, además, el periodo de interinidad ha coincidido con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario y eso “dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año”.
Con este decreto-ley, la Junta subraya quye se “corrigen” unos límites que estaban impidiendo sacar adelante actuaciones necesarias para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, siempre que existan razones de urgencia, interés general o la necesidad de garantizar la ejecución de fondos finalistas. Entre los ejemplos, el Gobierno de María Guardiola alude a la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas.
El texto advierte que la regulación anterior “ponía en riesgo la ejecución en plazo de los fondos finalistas y podía afectar al funcionamiento de ámbitos esenciales para la vida diaria de los extremeños, como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales”.
Oposiciones de maestros
En el ámbito de las subvenciones, el decreto-ley también permite dar continuidad a ayudas directas dirigidas a entidades públicas y privadas que desarrollan actividades de interés general, especialmente en áreas vinculadas a los servicios sociales, la inclusión, la atención a la discapacidad o a las personas mayores.
En materia de función pública, el decreto-ley evita que la situación de interinidad impida seguir desarrollando actuaciones ordinarias sujetas a plazos legales o vinculadas a ofertas de empleo ya aprobadas. Entre ellas, la convocatoria prevista para esta anualidad para el acceso al Cuerpo de Maestros, cuya tramitación se veía directamente afectada por las limitaciones de la normativa vigente hasta ahora.
Precisamente ayer, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, aseguró que las oposiciones de maestros en Extremadura se mantienen para el mes de junio al ser un asunto de “interés general”.