Las leyes secundarias que se convertirán en primarias
El fracaso de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no debería sorprender a nadie que haya seguido la política mexicana en los últimos años. La iniciativa buscaba modificar profundamente el sistema electoral al reducir en un 25% el gasto electoral, disminuir el número de senadores de 128 a 96 y cambiar el mecanismo de representación proporcional en el Congreso, entre otros puntos.
La reforma no prosperó por un cálculo elemental de sobrevivencia del Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados de Morena. Y resulta paradójico que esos mismos partidos a los que Morena ayudó a conservar su registro e incluso a posicionarlos en el Congreso hayan sido los que le propinaron a Claudia Sheinbaum su primera derrota política.
La reforma constitucional requería mayoría calificada en el Congreso, algo que Morena y sus aliados no lograron reunir. La propuesta obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, muy lejos de los más de 330 necesarios para aprobar cambios a la Constitución. Pero el Partido del Trabajo y el Partido Verde votaron en contra porque consideraron que la eliminación o reducción de la representación proporcional pondría en riesgo su supervivencia política. La fractura dentro de la propia coalición oficialista es irreversible; sin embargo, Sheinbaum tendrá que recurrir a sus aliados otra vez, luego de anunciar un nuevo Plan B.
Para entender este episodio hay que mirar hacia atrás. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador también se intentó modificar el sistema electoral mediante una reforma constitucional que incluía cambios profundos al Instituto Nacional Electoral, reducción del número de legisladores y la elección directa de consejeros electorales. Aquella propuesta tampoco consiguió la mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, el gobierno no se detuvo ahí.
Ante el bloqueo constitucional, Morena y sus aliados recurrieron a lo que se conoció como el “Plan B”: un paquete de reformas a leyes secundarias que modificaron aspectos clave del sistema electoral. Entre esos cambios estuvieron la reducción de la estructura profesional del INE, modificaciones a los procedimientos administrativos del organismo y ajustes a las sanciones y fiscalización electoral. Sin embargo, buena parte de esas medidas fue posteriormente revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales varios artículos por violar principios de autonomía electoral y procedimiento legislativo.
La diferencia entre aquel momento y el presente es crucial. Hoy el gobierno de Sheinbaum enfrenta el mismo dilema legislativo —la imposibilidad de reformar la Constitución sin mayoría calificada—, pero lo hace en un contexto institucional muy distinto. Morena mantiene una mayoría amplia en el Congreso, lo que le permite aprobar cambios a leyes secundarias con relativa facilidad, y además tiene una Suprema Corte profundamente cuestionada por su independencia o falta de independencia tras las reformas judiciales recientes que introdujeron la elección popular de jueces.
Esto abre un escenario paradójico. La reforma electoral de Sheinbaum fracasó formalmente, pero eso no significa que el sistema electoral mexicano permanezca intacto. Y como ya ocurrió en el pasado, el verdadero campo de batalla será el de las leyes secundarias. Con un Congreso alineado y una Corte menos dispuesta a frenar al Ejecutivo, el gobierno podría avanzar por la vía legislativa en cambios que, sin modificar la Constitución, alteren de facto el funcionamiento de las instituciones electorales.
En México las reformas electorales rara vez mueren en el Congreso. Simplemente cambian de forma. Y a veces, como ha demostrado la historia reciente, regresan hasta por la puerta trasera.
Sotto voce
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