El INSS rechaza la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora con más de 20 operaciones por cáncer
Tramitar una incapacidad permanente en España es un proceso complejo que muchas veces se convierte en un verdadero desafío para los trabajadores que, a causa de enfermedades graves o accidentes, no pueden continuar con su actividad laboral habitual. La burocracia de la Seguridad Social y la cantidad de documentación médica exigida generan retrasos y frustración. Para que se reconozca el derecho a una pensión por incapacidad, el trabajador debe demostrar de manera fehaciente que su estado de salud le impide desempeñar sus funciones de manera completa y segura.
El primer paso en este trámite es la solicitud ante el INSS, acompañada de informes médicos detallados y pruebas diagnósticas. Posteriormente, el solicitante debe pasar por el Tribunal Médico, donde se evalúa el grado de incapacidad. En muchos casos el resultado puede ser parcial o negativo, lo que obliga al trabajador a recurrir a la vía judicial para reclamar lo que considera justo. Este recorrido puede implicar meses de espera y numerosos recursos administrativos y judiciales, durante los cuales el afectado debe seguir aportando documentación y justificación sobre su estado de salud.
En este contexto, el caso de Jessica Mel, una trabajadora de 46 años que vive en El Puerto de Santa María con sus tres hijos, pone en evidencia las dificultades del sistema. Tras sufrir más de veinte operaciones por cáncer y enfrentar importantes secuelas físicas, Jessica solicitó la incapacidad permanente absoluta ante el INSS. La trabajadora, cuya sector profesional es la peluquería, fue finalmente reconocida con una incapacidad permanente total, lo que le permite trabajar en otras profesiones diferentes a la habitual, aunque su estado de salud le impide realizar la labor que ejercía hasta entonces.
22 operaciones y secuelas por su enfermedad
La susodicha ha pasado por 22 intervenciones quirúrgicas relacionadas con su enfermedad, incluyendo mastectomía bilateral y complicaciones que afectaron su vejiga y su movilidad. A raíz de estas secuelas, su capacidad física se ve gravemente limitada, presentando problemas de incontinencia urinaria total y movilidad reducida de los brazos. La afectada tiene tres hijos y depende de su familia para las tareas más básicas. A pesar de haber cotizado durante 19 años al sistema de la Seguridad Social, el INSS solo consideró parcialmente sus dolencias, lo que motivó la denegación de la incapacidad absoluta.
Deberá esperar más de un año para el juicio
Tras recibir la resolución negativa, Jessica recurrió ante el INSS sin éxito y acudió al Defensor del Pueblo para buscar apoyo institucional. La cuantía que percibe actualmente asciende aproximadamente a 600 euros al mes, correspondiente al 55% de su base reguladora. Considerando la gravedad de su estado, la trabajadora ha decidido continuar el proceso por vía judicial para solicitar la incapacidad permanente absoluta. El juicio está programado para el 30 de junio de 2027 y se espera que en él se valoren todas las secuelas físicas y limitaciones funcionales que afectan su vida diaria y laboral.
La lucha de Jessica todavía sigue en pie
Este caso pone de manifiesto la complejidad que enfrentan los trabajadores enfermos para obtener el reconocimiento de derechos fundamentales. Su experiencia demuestra que incluso después de años de cotización y un historial médico extenso, la decisión del INSS puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades reales de quienes padecen enfermedades graves. En este sentido, muchos expertos en derecho laboral señalan que el proceso judicial se convierte en una herramienta casi inevitable para garantizar la protección social cuando las valoraciones administrativas no reflejan la situación completa del afectado. Por su parte, nuestra protagonista sigue promulgando su testimonio en busca de una solución en redes sociales.