Los 19 testigos clave para que el juez señale al alto cargo de Ribera como "figura central" en la "trama Forestalia"
El juez del "caso Forestalia" asienta su convicción de que Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, es la "figura central" de la supuesta trama delictiva que habría favorecido a la empresa de proyectos de energía renovable en 19 testimonios de testigos. Entre ellos, 14 testificales "especialmente relevantes" de personas que "actualmente trabajan o han trabajado" en la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Y, también, los testimonios de tres trabajadores de Tragsatec, la empresa pública a la que se derivaban los expedientes bajo sospecha para su evaluación, y otros dos empleados del INAGA, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
Ese papel preponderante en la supuesta trama se infiere para el juez -que investiga a seis personas y 14 empresas por delitos de integración en organización criminal, prevaricación, cohecho y blanqueo- del testimonio prestado por la "práctica totalidad de los testigos". Son "múltiples", dice en una de las resoluciones incorporadas al sumario, las declaraciones que le señalan "como el responsable de asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia", una práctica que llegan a calificar como "extraordinaria".
Una testificales, apunta, que aportan indicios de que el alto cargo de Ribera habría creado "un sistema de tramitación paralelo" de los proyectos de la empresa aragonesa de Fernando Samper, otro de los investigados, derivando esos expedientes a Tragsatec "para su evaluación bajo su supervisión directa".
Relación "inusualmente estrecha" con Forestalia
La investigación de la Guardia Civil ha puesto de relieve que Domínguez, primero como alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y después como asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, habría facilitado "el desarrollo de proyectos de energía renovable del Grupo Forestalia" a cambio de la obtención de participaciones de empresas relacionadas con dicha sociedad, "que posteriormente incrementaron su valor mediante más adquisiciones de participaciones y de incrementos patrimoniales procedentes de empresas de Forestalia".
Para el juez instructor, Juan José Cortés, una de las declaraciones más relevantes de trabajadores de la subdirección general que dirigía Domínguez es la de Elena P. B., quien aseguró que Domínguez "acudía de forma habitual a la empresa Forestalia por las tardes al finalizar su horario laboral", un detalle que según el magistrado pone de relieve "una relación inusualmente estrecha".
Según su testimonio y el de Álvaro C. L., tras su jubilación "continuó su actividad como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente", presuntamente para seguir facilitando la tramitación de dichos proyectos.
"Autoasignación" de los proyectos
En este mismo sentido, para "múltiples testigos" la "autoasignación" de los proyectos de Forestalia por parte de Domínguez "fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores", en la medida en que así se creaba una "caja negra" en la que los expedientes "desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez".
El juez también pone en valor las declaraciones de Juan Carlos P. H. y Susana B. A. en la medida en que ambos describieron "una práctica recurrente" en cuanto a "la recepción de documentación relativa a los proyectos del Grupo Forestalia de forma directa, a través de memorias USB entregadas personalmente" al alto cargo de Ribera en el ministerio.
Una práctica que, advierte, "suponía una ruptura deliberada de la cadena de custodia administrativa" pues esa documentación se incorporaba a la plataforma de gestión "sin pasar por el registro oficial" del Ministerio de Transición Ecológica, impidiendo así, como señaló otro de los testigos, Juan Carlos P. H., "la trazabilidad formal de su entrada y eludiendo un control fundamental". No en balde, era "el primer paso para tomar control del expediente al margen de los cauces reglamentarios".
El rol "transformado" de Tragsatec
Esa "vía paralela de tramitación" es -sostiene el instructor- "uno de los puntos con mayor corroboración testifical, siendo descrita en términos casi idénticos" por tres de los testigos, "lo que sugiere un modus operandi consolidado y notorio". A raíz del "boom de las renovables", explica, la mayoría de proyectos de Forestalia "eran asignados directamente a Tragsatec", realizándose la tramitación "bajo la dirección y supervisión exclusiva" de Eugenio Domínguez y "excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios" del ministerio de Ribera.
Respecto al papel en la supuesta trama de Tragsatec -empresa también señalada en el "caso Koldo" por el "enchufe" de Jesica Rodríguez cuando era pareja del entonces ministro José Luis Ábalos-, la investigación apunta a que su función era "prestar asistencia técnica no obligatoria" a los equipos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Pero según explicaron dos testigos, Pablo F. L. y Juan Miguel M. A., ese rol fue "transformado" bajo la dirección de Domínguez, pues "pasó de ser un apoyo opcional a convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos" de Forestalia.
A este respecto, el primero se refirió al equipo de Tragsatec que servía a Domínguez como la "guardia pretoriana", pues según su declaración "emitían los informes que le llegaban al subdirector ya redactados para su firma".
"Situaciones extrañas" en INAGA
También pone en valor el instructor el testimonio de dos testigos, Mónica A. G. y Inmaculada M. A., respecto al papel que jugaba el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos informes son mencionados en varias declaraciones. Ambas se refirieron a "situaciones extrañas" y a cambios de criterio injustificados en sus informes, "que pasaban de ser negativos a positivos en proyectos del Grupo Forestalia".
Una situación que desembocó en "amplios conflictos" de una técnica de INAGA, Ainhora R. P., con la dirección del organismo "debido a sus informes desfavorables" a proyectos de Forestalia, que terminaría siendo apartada de sus funciones.
En los informes de INAGA para proyectos de la empresa en el foco de la investigación, explica el juez, "muchos que inicialmente eran negativos, acababan siendo positivos sin justificación técnica aparente". Para ello se recurría a un "corta y pega" que hacía que los informes recibidos en el ministerio de Ribera omitiesen "completamente" las conclusiones negativas aportadas en el informe inicial de la técnica de INAGA, lo que finalmente le costó el puesto.
El secretario, "técnico" en proyectos complejos
Otro testimonio relevante para el instructor es el de Santiago M. P., secretario de Domínguez, que habría confirmado que su jefe "mantenía reuniones asiduas con promotores, que se autoasignaba proyectos y que los delegaba en Tragsatec". Y aunque admitió "no tener cualificación técnica para haber sido asignado como técnico", resulta llamativo que figurase como "técnico responsable" en proyectos "de gran complejidad" asignados a Domínguez.
La sociedad Forestalia, señala la investigación, "la principal y casi exclusiva beneficiaria de las presuntas irregularidades" investigadas, dado que los testimonios recabados hasta ahora "apuntan a que sus expedientes recibían un trato diferenciado y privilegiado".
En el foco de la investigación está el proyecto "Clúster Maestrazgo" en Teruel, que contempla la instalación de 125 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, 20 parques eólicos y dos plantas fotovoltaicas, al haberse detectado por la Guardia Civil que se ha incumplido la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007, además de otra normativa medioambiental.