Esto es lo que dice la “nueva” ley de multirreincidencia aprobada en el Senado, endurecida tras años de delitos repetidos sin respuesta
La reforma penal promovida por Junts ha salido del Senado más dura de lo que entró, después de que PP, Vox, PSOE y Coalición Canaria aprovecharan su paso por la Cámara Alta para introducir cambios que refuerzan el control, la expulsión y el castigo a quienes acumulan antecedentes.
Aunque el texto llegó con un amplio consenso desde el Congreso, su tramitación en el Senado ha servido para endurecer de forma significativa la respuesta del Estado frente a la multirreincidencia.
El PP, gracias a su mayoría absoluta, ha impulsado un giro especialmente contundente en la Ley de Extranjería. Los populares sostienen que la multirreincidencia no puede combatirse si personas con antecedentes penales relevantes mantienen o solicitan permisos de residencia sin un control exhaustivo.
Por ello, han planteado que cualquier autorización exija que el solicitante carezca de antecedentes penales tanto en España como en los países donde haya residido.
Además, proponen que se deniegue la residencia a quienes hayan sido condenados como reincidentes, y que la Administración pueda recabar informes policiales para determinar si existe una amenaza para el orden público.
El Senado refuerza controles, expulsiones y castigos en la lucha contra la multirreincidencia
También se refuerza el régimen de expulsión, evitando que los procedimientos abiertos queden suspendidos por la presentación de nuevas solicitudes de residencia. Para el PP, estas medidas son esenciales para “reforzar las garantías frente a la impunidad”.
Vox ha defendido un enfoque todavía más severo. La formación plantea que cualquier extranjero que haya sido condenado previamente y vuelva a delinquir sea expulsado automáticamente, sin importar la naturaleza del nuevo delito.
Además, elimina la posibilidad de alegar arraigo, al considerar que esta figura se ha utilizado de forma “extensiva” y contraria al espíritu de la norma. Vox presume de ir “más allá” del PP en la lucha contra la multirreincidencia.
El endurecimiento también afecta a delitos vinculados al narcotráfico. El Senado ha consolidado la pena de uno a cinco años de prisión para el llamado petaqueo, es decir, el suministro, transporte o almacenamiento temerario de combustible destinado a narcolanchas. Este tipo penal, pactado inicialmente por PP, PNV y Junts, se considera clave para cortar el apoyo logístico a estas embarcaciones.
El PSOE ha centrado su aportación en agravar las penas por fraude eléctrico en casos relacionados con cultivos indoor de marihuana, donde el desvío ilegal de energía es habitual.
Coalición Canaria, por su parte, ha aprovechado la reforma para solicitar una ampliación de competencias del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Tras su paso por el Senado, la reforma vuelve ahora al Congreso, donde se decidirá si se ratifican los cambios. Lo que ya es evidente es que la ley de multirreincidencia sale de la Cámara Alta más estricta, más amplia y con un enfoque mucho más punitivo que el planteado inicialmente.