El exjefe de la UDEF ocultó un informe que lo señalaba en 2022 por dinero del blanqueo
El papel del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez, no se limitó a proteger a sus socios del narcotráfico metiendo sus datos en bases policiales. También hizo lo propio consigo mismo. El inspector jefe está acusado de pertenecer a una organización criminal que durante años introdujo hasta 73.000 kilos de cocaína por valor de unos 2.000 millones de euros en el mercado.
El último informe de Asuntos Internos aportado a la causa de la Audiencia Nacional señala que Sánchez aparecía en un informe de 2022 de Inteligencia Económica como beneficiario de transferencias de una empresa investigada por blanqueo de capitales, Desarrollos Empresariales Kofu.
El documento, de junio de aquel año, fue remitido al Grupo 20 de la Policía Judicial de Madrid, una sección que dirigía el propio mando. Es decir, el agente investigado recibió información comprometedora sobre sí mismo. Aquella investigación, evidentemente, quedó en un cajón. El inspector jefe introdujo esta empresa en los sistemas de vigilancia policial con motivo de la «Operación Unagui», que capitaneó él mismo.
La investigación de la causa, aparte de aquel informe de 2022, señala que Kofu recibió «elevados fondos» del narcotráfico «de empresas administradas» por Juan Ángel Cervera, imputado en la causa y conocido como «el financiero». El policía no fue detenido hasta noviembre de 2024.
Según los investigadores, ese dinero luego llegaba a Óscar Sánchez y a su mujer, Noelia Ruiz –también policía e investigada por delitos de blanqueo–, en modo de «alquiler ficticio». El matrimonio compró una chalé en Denia medio destruido, y lo rehabilitaron por completo. Según los agentes, se gastaron más de 966.000 euros en arreglarlo, gran parte pagado en metálico.
En el registro de la vivienda de Sánchez, Asuntos Internos encontró documentación a un supuesto alquiler de esa vivienda a Jaime Calvete, administrador de Kofu. El acuerdo se firmó en 2021 por valor de 3.500 euros mensuales. La sociedad llegó a abonar 28.000. Los agentes aseguran que el contrato era falso y que servía para lavar parte de los beneficios del policía porque, en aquellas fechas, la casa «estaba siendo objeto de una reforma integral», según el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Una de las claves que ha ayudado a los investigadores son las anotaciones de los gastos e ingresos que el propio Óscar Sánchez llevaba. Sus cuentas contables estaban al día, y reflejan los kilos de droga que ayudó a introducir y el dinero que cobraba por cada uno. También las partidas que destinó en efectivo para su chalé, como los 25.000 euros que gastó en un bonsái.
La Policía encontró en estos apuntes «una anotación relativa al alquiler» de la vivienda de Denia que el exjefe de la UDEF en Madrid registró como un préstamo de 70.000 a un tal «Primo», alias con el que se refería a Ignacio Torán, el presunto líder de la organización de narcotráfico, y a un tal «J», referencia habitual para Cervera, «el financiero». «Según la anotación, [Óscar Sánchez] le entregó 70.000 euros a Torán el 26 de julio de 2021 para que se lo entregara a Cervera en concepto de préstamo. Cervera le devuelve 28.000 a través de Desarrollos Empresariales Kofu» en forma de «alquiler simulado», se puede leer en el último informe de 5 de marzo de Asuntos Internos.
Suspendida la declaración
Este lunes estaba prevista la declaración voluntaria de Óscar Sánchez ante la Audiencia Nacional, aunque finalmente quedó en suspenso. El viernes pasado, el juez Francisco de Jorge emitió el auto en el que quedaba como procesado en la causa. Al comenzar la declaración, que el inspector jefe prestó desde la cárcel de Soto del Real, el magistrado le preguntó si quería que, aprovechando que estaba de manera voluntaria, se prestaba a que el interrogatorio fuese de manera indagatoria. Este es el tipo de declaración que se celebra tras el procesamiento de un investigado, en la que se le comunican los hechos por los que el magistrado propone juzgarle. Su defensa se opuso a este extremo, argumentando que no le había dado tiempo a prepararse ese tipo de interrogatorio, ya que fue procesado el viernes.
El exjefe de la UDEF en Madrid solicitó hace meses declarar voluntariamente para denunciar presuntas irregularidades en la obtención de información que dio lugar a la incautación de uno de los cargamentos de cocaína investigados en la causa, y que fue clave para continuar con las pesquisas.
En esta causa, el juez ya ha procesado a más de veinte personas físicas y jurídicas, entre ellas Ignacio Torán y Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención, y al que se situó en Dubái (Emiratos Árabes), ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de 20 millones de euros.