La figura del auxiliar de conversación es desconocida por gran parte de la población, aunque sea clave para mejorar el aprendizaje de los estudiantes españoles de idiomas extranjeros. Estas figuras de apoyo en el aula son, sobre todo, jóvenes norteamericanos, franceses e italianos que no están dados de alta en la Seguridad Social, sino becados por medio de distintos convenios, lo que les acerca al voluntariado profesional. Según datos de Educación, el curso pasado hubo en España 7.140 auxiliares de conversación, aunque el número varía anualmente. Una de ellas es Chloe Satenberg, una joven de 25 años nacida en Los Ángeles (California) que llegó hace dos cursos a Santiago de Compostela, donde da clases como auxiliar en el IES Rosalía de Castro. «Soy auxiliar no solo en la asignatura de inglés, sino en otras como Historia. Lo que hago va mucho más allá del idioma, es un intercambio cultural. Mis alumnos tienen la oportunidad de aprender sobre la cultura de Estados Unidos y yo me empapo de la gallega», resume con entusiasmo Satenberg, que estudió en la Universidad de Princeton. Pues bien, el futuro de Chloe y de los otros auxiliares de conversación con los que cuenta España está en peligro por la falta de diálogo entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo . Ya que este personal no está cotizando a la Seguridad Social, el ministerio encabezado por Yolanda Díaz considera que estarían operando como «falsos becarios» y por eso, desde el inicio de este curso ha puesto en marcha inspecciones en centros de todo el territorio que podrían culminar en multas millonarias a las comunidades autónomas. Sin embargo, las consejerías de Educación estarían cumpliendo estrictamente con el reglamento que marca el Ministerio de Educación, promotor de este programa, en torno a las condiciones laborales de estos jóvenes que vienen del extranjero por medio de distintos acuerdos internacionales. «Sería una verdadera lástima que España perdiera a sus auxiliares de conversación», expone Satenberg, que no desea dejar de vivir su experiencia en un instituto en el que trabaja unas 16 horas a la semana. La polémica, como publicó en exclusiva ABC, estalló a principios de curso en Andalucía. La Inspección de Trabajo multó a la Junta con cinco millones de euros por considerar que los estudiantes extranjeros integrados en esta iniciativa de refuerzo del bilingüismo en los colegios públicos de Sevilla durante el curso pasado vulneraban la ley, ya que no estaban dados de alta en la Seguridad Social como empleados sino que figuraban como personal de apoyo. Después de conocerse que Andalucía se quedaría sin auxiliares de conversación para este curso 2025-2026, la Abogacía del Estado emitió un dictamen sobre la naturaleza jurídica de este personal de apoyo que apuntaba que sería un error tratar a los auxiliares como si fueran empleados, porque su carácter está más cerca del voluntariado y de la misión de unos «embajadores culturales» (sic). El Ministerio de Educación, por su parte, emitió un informe en la misma línea que la Abogacía del Estado. El hecho es que, después de que el problema estallara en Andalucía, se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas, todas ellas en manos del PP, siendo las principales afectadas Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón , en las que se habrían llevado a cabo varias inspecciones por parte del departamento que dirige Yolanda Díaz. De hecho, es una de las cuestiones que se abordará este viernes en la sectorial de Educación, donde, a pesar de no ser uno de los temas que figuran en el orden del día, se expondrá ante la nueva ministra, Milagros Tolón. Las comunidades autónomas afectadas tienen la oportunidad de presentar una postura unánime ante el ministerio. Según han confirmado fuentes del PP nacional a ABC, Castilla y León, Madrid y Extremadura también han manifestado su malestar ante el ministerio. Es importante resaltar que el programa cuenta con dos modalidades. Por una parte, hay auxiliares que forman parte del cupo del ministerio, por lo que son nombrados y pagados por el Gobierno. La segunda modalidad es la de los auxiliares del cupo autonómico que, nombran y financian las comunidades. Por ejemplo, de los 545 auxiliares que hay en Galicia en el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional, 504 son asumidos íntegramente por la Xunta y 40 por el Ministerio de Educación. Lo curioso es que las inspecciones sólo se estarían llevando a cabo en aquellos centros que cuentan con personal que depende directamente de los gobiernos autonómicos. Sólo en Sevilla , en el caso de Andalucía, y sólo en La Coruña , en Galicia. «Parece que la selección de centros es arbitraria», afirman varias fuentes autonómicas a este diario. Andalucía y Galicia, decíamos, no han sido las únicas comunidades donde la falta de diálogo entre el Ministerio de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar, está creando un auténtico limbo legal. El miércoles, Aragón anunció que se vería obligada a abandonar el programa si el Ministerio de Educación no garantiza «de manera inmediata la seguridad jurídica necesaria para su mantenimiento». Desde esta comunidad, argumentaban que la mencionada falta de coordinación entre Díaz y Tolón ha derivado en inspecciones y cuantiosas sanciones económicas, pese a que las condiciones del programa dependen exclusivamente del Estado. La Comunidad Valenciana ya ha advertido de que podrían verse obligados a salir del programa de auxiliares por «el caos» en el Gobierno. En concreto, argumentaron que lo único que el Ministerio de Educación les exigía es una ayuda de manutención y alojamiento , con un abono mensual de 800 euros, y una cobertura sanitaria para aquellos que no dispongan de tarjeta sanitaria europea. La Xunta, por su parte, lleva meses intentando que los ministerios arreglen esta situación y han pedido garantías al Gobierno. La voluntad del Ministerio de Educación no parece coincidir con la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pues el departamento que dirige la toledana Milagros Tolón ha manifestado que «va a seguir escuchando a todas las partes implicadas » y trabajando «desde el diálogo» para garantizar la continuidad del programa.
