Interferencia presidencial: compraron tiempo con dinero
El martes, el presidente Bernardo Arévalo apareció en cadena nacional leyendo un comunicado con tono de víctima. Afirmó que “algunos” pretendían aparentar una injerencia de la embajada de EE. UU. a favor de ciertos candidatos a la Corte de Constitucionalidad (CC). “No es cierto”, sentenció. La pregunta surge de inmediato y es demoledora: si no era cierto, ¿para qué llamó al Departamento de Estado (DoS, por sus siglas en inglés)? ¿Por qué involucrar a Washington en un asunto interno si, según él, no había nada que aclarar? La respuesta del norte fue elocuente: no le prestaron la menor atención.
Pero el asunto de fondo es mucho más grave que un malentendido protocolario. Se trata de la captura abierta de la máxima instancia constitucional del país. El oficialismo y sus aliados —liderados por un diputado con vínculos con el narcotráfico— pretendían imponer a Rony López, un candidato hecho a su medida, un magistrado que estaría bajo su control. Del otro lado, la oposición había logrado un consenso amplio para impulsar la reelección de Roberto Molina Barreto, jurista de trayectoria intachable cuya continuidad representaba la última trinchera de independencia judicial.
Teniendo presente lo anterior, resulta claro a quién se refirió el Encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU., John Barrett, cuando dijo que “no van a tolerar que haya contaminación [en las elecciones de segundo grado] de narcotraficantes y crimen organizado”.
Ante la inminente derrota en las urnas del Congreso, el presidente, su bancada y sus socios —a los que se aludió, Barrett— optaron por la obstrucción pura y dura. Cuatro secretarios de la Junta Directiva (JD) “no llegaron” a la sesión. Sin cuórum de secretarios, la JD declaró cerrada la plenaria. Una marrullería de manual, burda y antidemocrática, que les permitió ganar tiempo comprado con dinero, con presiones y con favores; tiempo para negociar, amenazar y torcer voluntades; tiempo para que el oficialismo pudiera seguir fabricando el resultado que en una votación les sería negado.
Este no es un incidente legislativo cualquiera. Es la evidencia de que el Gobierno de Arévalo no tolera contrapesos. Habiendo llegado al poder con la bandera de la lucha anticorrupción y la transparencia, hoy utiliza las mismas prácticas que denunciaba: bloqueo institucional, opacidad y maniobras de pasillo. Llamar al DoS para desmentir una injerencia inexistente mientras se orquesta la propia injerencia presidencial revela no solo hipocresía, sino pánico. Pánico a perder el control de la CC, el último bastión que podría frenar los excesos y antidemocráticas pretensiones.
Guatemala vive un momento crítico. La elección de magistrados no es un trámite burocrático; es el termómetro de la salud de la república. Cuando el Ejecutivo interviene para impedir que el Legislativo cumpla su mandato constitucional, se rompe el equilibrio de poderes. Cuando acusa a otros de lo que él mismo está haciendo, entra en el terreno del autoritarismo descarado.
El comunicado presidencial no defendió la soberanía; la expuso. No desmintió injerencias; las confirmó. Porque la verdadera injerencia no vino de afuera, sino que vino de Casa Presidencial. Y el país entero lo vio en vivo.