Una investigación descubre décadas de abusos sexuales a cientos de menores por parte de sacerdotes católicos en Rhode Island

Sacerdotes católicos de Rhode Island abusaron de cientos de niños durante décadas y fueron protegidos por obispos más preocupados por la reputación de la Iglesia que por las víctimas. Así lo constata un nuevo informe sobre abusos sexuales por parte del clero publicado este miércoles por el fiscal general del estado, Peter Neronha, como resultado de una investigación de varios años sobre la diócesis católica de Providence, Rhode Island.

Neronha afirmó que el alcance de los abusos por parte de sacerdotes en Rhode Island —el estado más pequeño de Estados Unidos, pero con la mayor proporción de población católica, casi un 40%— había permanecido oculto durante mucho tiempo. Y coincidió con las víctimas en que no se ha hecho lo suficiente para abordar el problema mucho tiempo después de que se destapara en la vecina diócesis de Boston en 2002, informa The Associated Press.

La investigación ha revelado que 75 clérigos católicos abusaron de más de 300 víctimas desde 1950, pero las autoridades subrayan que el número de víctimas y de sacerdotes abusadores es probablemente mucho mayor.

La diócesis ha dicho que el informe refleja la voluntad de la Iglesia de compartir los registros internos en virtud de un acuerdo de 2019 con el estado. “El informe presenta estos 75 años de historia de una manera que podría llevar a concluir que estos problemas son un problema diocesano continuo o que se trata de nuevas revelaciones. No es así”, afirma en un comunicado.

A la espera de juicio

Los registros de la Iglesia muestran que la diócesis trasladó a los sacerdotes acusados a nuevos destinos sin investigar a fondo las denuncias ni ponerse en contacto con la policía, una práctica que se ha puesto de manifiesto en investigaciones realizadas en Boston, Filadelfia y otros lugares.

Y, al igual que en otras ciudades, la diócesis de Providence abrió a principios de la década de 1950 un “centro de retiro espiritual” para que los sacerdotes acusados pudieran recibir tratamiento. Más tarde, cuando se consideró que el abuso era un problema de salud mental, los sacerdotes fueron enviados a supuestos centros de tratamiento.

En la década de 1990, los sacerdotes acusados a veces eran puestos de baja.

Según el informe, la mayoría de los sacerdotes acusados eludieron su responsabilidad tanto ante la justicia como ante la diócesis.

La oficina del fiscal Neronha ha acusado a cuatro sacerdotes de abusos sexuales por denuncias presentadas entre 2020 y 2022. Tres de ellos siguen a la espera de juicio. El cuarto sacerdote falleció tras ser declarado incapaz de ser juzgado en 2022.

Solo 20 personas, aproximadamente una cuarta parte del clero identificado en el informe, se enfrentaron a acusaciones penales, y solo 14 fueron condenadas. Una docena más fueron secularizados o destituidos.

El fiscal Neronha inició la investigación en 2019, un año después de que un gran jurado de Pensilvania publicara un informe histórico en el que se revelaba que más de 1.000 niños habían sido abusados por unos 300 sacerdotes desde la década de 1940.

Sin embargo, la ley de Rhode Island no permite que los informes del gran jurado se hagan públicos. En su lugar, llegó a un acuerdo con la diócesis para acceder a su archivo de registros sobre abusos sexuales por parte del clero.

La Iglesia entregó material de más de 70 años, incluidas denuncias de sus archivos secretos, registros de acuerdos civiles, costes de tratamiento y otros documentos. Sin embargo, Neronha calificó la ayuda de la diócesis de limitada en ocasiones, ya que se negó a proporcionar personal diocesano para las entrevistas.

Neronha ha criticado este miércoles a la diócesis por tratar el informe como “una cosa vieja”, argumentando que las autoridades eclesiásticas debían hacer más para abordar las preocupaciones actuales sobre los abusos. Su oficina esbozó múltiples cambios para la diócesis, entre los que se incluyen proporcionar plazos y directrices claros para las investigaciones. También destacó la necesidad de que la diócesis abandone la práctica de exigir a las víctimas que se sometan a pruebas de polígrafo y deje de negarse a investigar las denuncias de terceros sobre los sacerdotes.

La diócesis, en su respuesta del miércoles, rechazó esa opinión, afirmando que el informe no habría sido posible sin la cooperación de la Iglesia.