El Gobierno activa un buzón anónimo para denunciar fraudes con becarios: la Inspección de Trabajo vigilará a los despachos de abogados
Trabajar sin contrato, ser un becario no remunerado, ser falso autónomo... Estas son algunas de las situaciones de explotación que denuncian haber sufrido cuatro de cada diez jóvenes a lo largo de su vida laboral, según la Encuesta de Juventud 2023. Para acabar con esta problemática y garantizar los derechos laborales de la juventud el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley del "Estatuto del Becario".
La norma recoge un duro régimen sancionador, con multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros en los casos más graves. De esta forma, se ataja "una fuente de precariedad que hace algo muy malo, que es degradar la formación. Los mal llamados becarios que hacen los trabajos de forma gratuita, sin derechos y, algo muy perverso, que sustituyen puestos de trabajo directos", aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El anteproyecto, que todavía debe aterrizar en el Congreso para su tramitación parlamentaria, recoge otras medidas, como la obligación de que la empresa cubra los gastos del becario, que no podrá cobrar por realizar prácticas que no podrán superar el límite de 480 horas.
A esto se suma la puesta en funcionamiento del "Buzón de las personas becarias" impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia con el apoyo de la Inspección de Trabajo. Este buzón recogerá denuncias de forma anónima de supuestas malas prácticas y abusos por parte de las empresas para enviarlas a la Inspección de Trabajo.
Este canal ha arrancado incluso antes de que se apruebe el Estatuto, "porque consideramos que hay legislación suficiente para que sea garantista y para que la Inspección de Trabajo pueda actuar en los casos en los que se esté dando fraude", defendió Sira Rego, titular de Juventud. Y aseveró que desde el Ejecutivo quieren acabar "con prácticas que no tienen relación con estudios, becas que sustituyen puestos de trabajo o con el mismo trabajo que el resto de plantilla pero sin salario y sin protección. Se ha tolerado durante décadas, pero no es normal y ahora vamos a combatir esas prácticas de explotación disfrazadas de experiencia".
Las denuncias anónimas han ido ganando peso en el ordenamiento jurídico español porque resultan muy útiles en determinados procesos de investigación, aunque también pueden generar situaciones de indefensión para la persona señalada. A diferencia de la denuncia formal —que exige identificar al denunciante—, la denuncia anónima funciona como una delación que suele producirse de manera discreta o clandestina. Además, desde el 1 de enero de 2024 es obligatorio dar de alta y cotizar a la Seguridad Social por todos los becarios, tanto curriculares como extracurriculares.
En el ámbito de la abogacía, la formación práctica siempre ha desempeñado un papel esencial en la preparación de quienes comienzan la profesión. Durante mucho tiempo, las conocidas "pasantías" fueron un elemento fundamental en el aprendizaje jurídico de los futuros abogados. Sin embargo, en la actualidad resulta cada vez más difícil encontrar despachos dispuestos a acoger becarios de manera amplia ya que mantenerlos supone un coste habitualmente sin una contraprestación directa y asumir ciertos riesgos derivados de la normativa reciente. Por tanto, aunque prevenir posibles abusos es una finalidad legítima, las medidas deben adoptarse garantizando plenamente los derechos y la seguridad jurídica de todas las partes implicadas. Fuentes empresariales advierten que este es un motivo más de "coacción contra los empresarios, que acabaremos por no contratar becarios por miedo a las denuncias".