Gobierno crea la Unidad de Comunicación y deja atrás el Ministerio del área
El Gobierno de Rodrigo Paz promulgó este lunes el Decreto Supremo 5566, que crea la Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia como una institución pública descentralizada, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, financiera, legal y técnica.
La norma, además, formaliza el cierre definitivo del Ministerio o Viceministerio de Comunicación dentro de la estructura del gabinete.
La nueva entidad, según la normativa, operará bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, aunque contará con patrimonio propio y una estructura independiente de gestión. Con esta determinación, se consolida el tránsito institucional desde el desaparecido Ministerio de Comunicación hacia un modelo especializado con autonomía operativa.
El Ministerio de Comunicación fue una de las estructuras de mayor rango durante la gestión de Evo Morales. Posteriormente, en el gobierno de Luis Arce Catacora, se redujo a Viceministerio de Comunicación y, en la actual gestión pasó a convertirse en una Unidad de Comunicación.
En la estructura administrativa típica de los ministerios en Bolivia, por ejemplo, en el Ministerio de Gobierno: la organización es jerárquica y funcional. En la cúspide se encuentra el Nivel Ejecutivo, encabezado por el Ministro, responsable de la conducción política y la toma de decisiones estratégicas.
Por debajo se sitúan las Direcciones Generales, encargadas de diseñar lineamientos, planificar acciones y traducir las políticas públicas. Luego están las Jefaturas de Unidad, que cumplen funciones de coordinación y supervisión técnica, y después están las Unidades. Estas se constituyen el nivel operativo, donde se ejecutan directamente programas, proyectos y servicios.
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De acuerdo con los antecedentes, el ex Ministerio de Comunicación fue creado en 2011 con el objetivo de formular políticas públicas en el área y garantizar el derecho a la información.
Durante su vigencia estuvo dirigido por autoridades como Marianela Paco, Gísela López e Isabel Fernández Suárez. En los primeros años del gobierno de Morales, las funciones de comunicación estatal dependían principalmente del Ministerio de Gobierno.
En junio de 2020, durante la administración de Arce, la cartera fue suprimida en el marco de una reorganización del Ejecutivo, transfiriéndose sus funciones al Ministerio de la Presidencia, donde se conformó el Viceministerio de Comunicación, entonces a cargo de Gabriela Alcón.
En la actualidad, el Decreto Supremo 5566 establece que la nueva Unidad no contará con Directorio y estará dirigida por una Directora o Director General Ejecutivo, designado por el Presidente del Estado mediante Resolución Suprema. Su estructura organizacional será definida a través de reglamentación interna.
En cuanto al financiamiento, la entidad podrá recibir recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), donaciones y créditos, recursos específicos y otras fuentes establecidas por norma. El Ejecutivo precisó que su implementación no demandará recursos adicionales del TGN.
Entre sus principales atribuciones figuran el diseño de políticas y estrategias de comunicación gubernamental, la coordinación interministerial en materia informativa, la gestión de relaciones con medios públicos y privados, y el desarrollo de estrategias digitales con monitoreo de redes sociales.
Asimismo, la Unidad administrará los medios estatales como Radio Illimani – Red Patria Nueva, el periódico Ahora El Pueblo, la Agencia Boliviana de Información (ABI) y el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), además de ejercer funciones técnico-operativas en coordinación con empresas públicas vinculadas al sector.
El decreto también introduce modificaciones normativas relacionadas con la estructura de Bolivia TV y la sujeción de empresas estatales del ámbito comunicacional.
De esta manera, en la actual estructura del gabinete ya no existe un ministerio específico de Comunicación, sino una unidad descentralizada que asume de forma integral la planificación, ejecución y evaluación de la política comunicacional del Estado.
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