La Unidad Central Operativa ( UCO ) sigue adelante con la investigación promovida en torno al exedil socialista del Ayuntamiento hispalense Rafael Pineda por supuestas gestiones como jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía en favor de su esposa y del responsable del local hostelero Green House de Gines; reflejando el atestado relativo a su reciente detención y la de su mujer que esta última habría actuado como testaferro, para «enmascarar» la partición de su marido en la trama. Este informe policial de fecha 17 de febrero corresponde así a la jornada de las detenciones de Rafael Pineda, su esposa, Olga Pérez; dos socios de esta última y el que fuera jefe de servicio de Terciarios de la empresa municipal Emvisesa D.M.L. Todos ellos comparecieron al día siguiente ante la jueza de la plaza número diez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla y en todos los casos, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, siendo puestos en libertad con cargos, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Posteriormente, Pineda reclamaba a la jueza el sobreseimiento de la causa, alegando que la misma parte de unas escuchas telefónicas «nulas de pleno derecho» con la consiguiente supuesta nulidad del resto de actuaciones. El caso es que en el informe, los investigadores de la UCO profundizan en el arrendamiento y la posterior compra de la finca de Emvisesa por cuya venta sólo unos meses después, la empresa de la mujer de Pineda habría obtenido un beneficio de casi 2,2 millones de euros. Al detalle, los investigadores insisten en que Pineda, «valiéndose de su cargo, habría realizado una serie de gestiones para terceros y para si mismo, obteniendo beneficios personales por la realización de dichas gestiones». Los agentes detallan así la operativa según la cual la sociedad Higueron Real State, primero adjudicataria en 2017 del alquiler de la citada parcela de Emvisesa en Pino Montano y compradora en 2024 de los terrenos por un precio inferior al valor de mercado; cosechando un beneficio de casi 2,2 millones al vender el mismo terreno sólo cuatro meses después; estaba administrada sólo por la esposa de Pineda , pero fue participada temporalmente por los también investigados José Luis G.C. y Jaime G.A.L. La empresa «habría sido creada con el único fin de encubrir a los beneficiarios reales de los ingresos procedentes en un primer momento por los subarriendos que Higueron Real State tenia firmados y de manera posterior por los provenientes tras la venta de la parcela a Eryel Invest», precisan. En ese sentido, consideran que «detrás de la operativa detectada para la negociación del arrendamiento de la parcela y su posterior enajenación, se encontraban los intereses financieros del matrimonio» conformado entre Pineda y Olga Pérez, quienes «habrían obtenido dichas concesiones bajo indicios de uso de información privilegiada procedente del jefe de Servicios Terciarios de Emvisesa, quedando acreditado un pago procedente de la empresa Higueron Real State» a favor de una empresa de este último, una vez que Higueron State enajenó a su vez los terrenos cosechando el citado beneficio de casi 2,2 millones. Y llegan a la conclusión de que la empresa Higueron Real State «fue constituida con la única finalidad de interponer un ' velo ' entre los que realmente ostentan el control de la sociedad y perciben el lucro en los procesos de arrendamiento y posterior enajenación, sin que esto sea óbice para que la propia Olga Pérez recibiese y disfrutase de parte de los beneficios obtenidos de las operaciones investigadas». En ese sentido, consideran que la esposa de Pineda habría «desempeñado el papel de testaferro de su marido, Rafael Pineda, ya que participó en su propio nombre en el proceso de licitación de la parcela mediante arrendamiento, posteriormente en la licitación para la enajenación a través de compraventa en nombre y representación de la sociedad Higuerón Real State, de la que era en un primer momento administradora única». Para llegar a esa conclusión, los investigadores exponen que Olga Pérez «es dentista de profesión» y esgrimen el flujo de transferencias. «Su utilización como testaferro habría servido para enmascarar la participació n en las operativas investigadas de su marido, Rafael Pineda, en ese momento jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, persona claramente relacionada con distintas entidades públicas, como serían el Ayuntamiento de Sevilla y otros organismos dependientes o participados por este». «Ha quedado patente durante la investigación que las ganancias obtenidas fruto de las operaciones realizadas habrían acabado beneficiando inequívocamente, entre otros, al matrimonio de Olga Pérez y Rafael Pineda», aseguran, detallando que estos investigados h abrían obtenido 672.704 euros del reparto de las ganancias obtenidas por la venta de la parcela de Pino Montano. Es más la UCO sospecha de que Pineda, «por sus vinculaciones, estructura empresarial, control de sociedades, contactos a nivel político y labor de conseguidor, es un miembro imprescindible para la consecución de los fines buscados, y sin él, no habrían tenido lugar ninguna de las concesiones/licitaciones de Pino Montano o Gines, al no existir otro miembro de la trama con los contactos políticos necesarios para sustituirle». En su solicitud de archivo de la causa, por contra, la representación de Pineda niega que haya pesado tráfico de influencias del matrimonio sobre el citado jefe de Emvisesa, avisando de que todo se basa en meras «especulaciones». La jueza responsable del caso, de su lado, considera que hay «indicios racionales de criminalidad contra los investigados, indicios más que reforzados tras la práctica de las diligencias ordenadas».
