Arévalo inventa una injerencia y el Departamento de Estado lo ignora
El pronunciamiento emitido por el presidente Bernardo Arévalo a las 10:00 horas del 3 de marzo no solo sorprendió por su tono inusualmente confrontativo hacia Estados Unidos, sino también por las imprecisiones que contenía. Más que un llamado a la transparencia, el mensaje del mandatario dejó ver errores de información, interpretaciones falsas y un intento evidente por influir en la elección de magistrados de organismos que constitucionalmente son independientes del Ejecutivo.
En el comunicado leído por Arévalo, el presidente aseguró que la Embajada de Estados Unidos estaba “pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”. Sin embargo, esta afirmación partía de supuestos incorrectos. Para el momento en que el mandatario salió a leer su declaración, el Organismo Judicial ya había concluido su elección: Dina Ochoa había sido designada magistrada titular y Claudia Paniagua como suplente de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, Consuelo Porras no fue considerada dentro del OJ, lo que evidencia que Arévalo pretendió engañar con información deliberadamente distorsionada.
El error resulta grave. Un presidente que acusa públicamente a una embajada extranjera de interferencia debería hacerlo con hechos comprobados, no con suposiciones. Pero Arévalo no solo se equivocó respecto al proceso del OJ, sino que también afirmó que Consuelo Porras estaba por ser “electa” como magistrada, algo completamente fuera de la realidad. Esta insistencia en una narrativa equivocada abre interrogantes: ¿falló su equipo en informarle? ¿O el mandatario tenía interés en instalar una percepción falsa para justificar una intervención política?
La confusión, lejos de fortalecer su postura, terminó debilitándola. Arévalo afirmó que habían “iniciado consultas con el Departamento de Estado” para aclarar la supuesta situación. Pero esas consultas, según su propio mensaje, habían empezado antes del pronunciamiento. Lo que ocurrió después es evidente: no hubo respuesta del Departamento de Estado, lo que dejó al Ejecutivo hablando solo. Washington simplemente ignoró la acusación, quizá porque se sostenía en premisas incorrectas o porque no consideró necesario responder a un reclamo construido sobre información falsa.
Al quedar desmentido por los hechos —la elección ya realizada y sin vínculo con los nombres que él denunció—, Arévalo terminó enviando un mensaje de improvisación y desesperación. Su comunicado parecía más un intento por presionar los procesos internos y moldear la elección en el Congreso, que una genuina defensa de la institucionalidad. De hecho, diversos sectores han señalado que el presidente y sus aliados políticos, entre ellos el partido CABAL, tienen interés en influir en la integración de la Corte de Constitucionalidad para asegurar un bloque favorable durante los próximos años.
Además, Arévalo arremetió específicamente contra Roberto Molina Barreto, a quien calificó de “no íntegro”, sin ofrecer sustento alguno más allá de su afirmación. Coincide que el nombre de Molina se ha mencionado como opción para ser electo por el Congreso, donde compite con Rony López Contreras, respaldado por el oficialismo y sus aliados. Pero, contrario a lo afirmado por Arévalo, el único apoyo público visible hacia Molina provino de la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar, quien el 26 de febrero advirtió en sus redes sociales sobre la importancia de la elección en Guatemala y elogió a uno de los candidatos como un “jurista intachable”. Ese mensaje no provino ni de la Embajada ni del Departamento de Estado, lo que contradice directamente la versión del presidente.
El saldo político del pronunciamiento es claro: Arévalo quedó descolocado, contradicho por los hechos y sin respaldo internacional. Su mensaje, lejos de fortalecer la institucionalidad, proyecta un Ejecutivo dispuesto a intervenir en procesos ajenos a su competencia, utilizando información falsa. Más que denunciar injerencias externas, el presidente terminó evidenciando las propias.
“Como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”. #EncargadoDeNegocios John Barrett. pic.twitter.com/sGyrEBcWro
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 3, 2026