Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones
La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que representa a más de 100 empresas formales de transporte público, convocó a una marcha para este jueves 5 de marzo, a fin de exigir a las autoridades la implementación efectiva de la Ley N.° 32490, que contempla medidas de protección y compensación para los deudos de los conductores víctimas de extorsiones y violencia vinculadas al crimen organizado.
La protesta, denominada “hombre-máquina”, partirá desde la plaza 2 de Mayo o San Martín, desde donde marcharán por las calles del Centro de Lima hasta llegar al Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, como respuesta a la creciente inseguridad y a la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para frenar los atentados contra choferes y cobradores.
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Seis transportistas asesinados en 2026
La PNP vincula a organizaciones delictivas como ‘La Nueva Federación’ en los últimos casos de homicidios a choferes en el Cercado de Lima y otras zonas metropolitanas, mientras que operaciones recientes permitieron la capturar a miembros de bandas que amenazaban a conductores con armas y explosivos.
A pesar de esta situación, los representantes del sector criticaron a las autoridades por no desplegar una estrategia de seguridad integral para proteger a los trabajadores ante una ola criminal que ya ha cobrado seis vidas en lo que va del 2026, según la Cámara Internacional de Transporte.
Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, señaló para RPP que no se han ejecutado las medidas preventivas prometidas ni el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que debería estar integrado por la Policía Nacional (PNP), el Poder Judicial y la Fiscalía.
Por su parte, Walter Carrera, dirigente de Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), sostuvo que el gobierno de José Jerí les prometió corredores seguros y declaró estados de emergencia, pero las cifras oficiales terminaron revelando un incremento de homicidios en el sector.
Asimismo, refirió que, con la designación de Balcázar, ven “poca esperanza”, debido a que perciben una continuidad de políticas negociadas entre partidos y la aprobación de normativas que, en su opinión, favorecen la impunidad de las organizaciones delictivas.
“Se da una repartija política, acuerdo político de los diversos partidos que están cogobernando, el pacto mafioso que sigue gobernando, que ha aprobado el Congreso unas leyes pro crimen, que generan impunidad. Para nosotros, el primer responsable es el Congreso”, indicó para Panamericana.
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