Inspección de Trabajo investiga a una empresa que envía a trabajadores desde Chile a España para el sector energético

Inspección de Trabajo ha abierto una investigación contra la empresa que contrató en Chile a un grupo de trabajadores para dedicarse en España al sector energético. La cuadrilla se encuentra en Sevilla, donde tuvieron conocimiento de su situación irregular en el país. La subcontrata portuguesa expidió un acuerdo en el que solicitaba los servicios de los profesionales durante dos años, pero la ausencia de su alta en la Seguridad Social y el impago de nóminas y horas extras provocó que se denunciara el caso ante Inspección. A tenor del presunto incumplimiento de la compañía a la hora de aportar la documentación requerida, se ha procedido a abrir un expediente tras analizar la denuncia de la plantilla.

El escrito a Inspección de Trabajo se presentó el pasado 12 de junio de 2025 y fue firmado por siete de los 11 empleados que fueron contratados en origen a través de la embajada portuguesa en Chile. En él, se referían a “la promesa de trabajo” que había hecho Jesús Mimoso, al frente de Grupo J. Mimoso Serviços Universais. Sin embargo, carecían de asistencia sanitaria al no cumplir con los requerimientos de la legislación española, una situación que descubrieron tras un año dando servicio en el territorio. Habían estado en Barcelona, Valladolid o Talavera de la Reina, aunque en su contrato portugués se mantenía que disponían de una residencia en la calle Nova 22, en Alagoa, donde estaba la sede social de la empresa. En la actualidad, están en Sevilla a la espera de conseguir el permiso de residencia para trabajar en el país y, así, cotizar.

Con fecha de febrero de 2026, Inspección de Trabajo traslada cuál ha sido el procedimiento mediante el informe de actuación al que ha accedido este medio. La inspectora a cargo notifica que se realizó una primera visita en septiembre de 2025 a la construcción de una planta fotovoltaica en el proyecto solar Rey IV. En ella, se encontraba trabajando la cuadrilla denunciante, formada por Juan Vargas, Denis Merino, Edy Quispe y Jaime Sandoval. En aquel momento, se le requiere a la empresa Jesús Mimoso Uniperssoal Limitada la documentación en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales, así como el registro de las jornadas, los cuadrantes de vacaciones, los contratos de trabajo y las nóminas, y las órdenes de transferencia bancaria, entre otras cuestiones.

Obstrucción

La compañía lusa no acudió ni a la cita que fue acordada en septiembre entre las partes y tampoco a la concertada en octubre de 2025. Como única seña, remitió al correo corporativo de Inspección la documentación relativa a los reconocimientos médicos, el justificante de entrega de Epis y la formación en prevención de riesgos laborales. “No obstante, no aporta ninguna documentación en materia laboral”, señala Inspección de Trabajo en el informe. En todo caso, es el jefe de obra y la responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto quienes hacen entregan de los modelos A1 de alta en la Seguridad Social ―que acredita que un trabajador sigue sujeto a la legislación de seguridad social de su país de origen mientras trabaja en otro país de la Unión Europea (UE).

Cabe recordar que los afectados tenían un visado portugués para que pudieran circular por España, pero no sirve para trabajar ni obtener la residencia. Además, en los meses navideños fue Mimoso y sus representantes quienes intentaron amainar los ánimos de la cuadrilla e intentar llegar a un acuerdo verbal, tal y como señalaron en la entrevista con este medio, mientras se hacía caso omiso a los requerimientos de Inspección de Trabajo.

Expediente

Posteriormente, la inspectora pide una vez más la documentación relativa a las nóminas, las transferencias bancarias y los registros de jornada a fecha de 1 de diciembre. Todo ello, debía ser entregado en un plazo de dos días. Mimoso volvió a incumplir los tiempos y respondió a través de un correo electrónico que están a la espera de que la entidad bancaria les envíe “los comprobantes de los pagos”. Dos meses más tarde, en febrero, se notificó la “incoación de un expediente sancionador”, dado que, por falta de colaboración de la compañía, se dio por comprobada la obstrucción de la labor inspectora y, por tanto, a la comprobación de los hechos que denunciaba la cuadrilla.

El Grupo J. Mimoso Serviços Universais, con Jesús Mimoso al frente, logró los visados de la cuadrilla a través de la embajada portuguesa en Chile, donde se contaba con la cooperación de una empleada de la institución que se comunicaba con los empleados sudamericanos a través de WhatsApp. El contrato de 1.200 euros por 40 horas semanales daba poder al intermediador luso, que le consiguió trabajo a los profesionales sudamericanos en tres compañías energéticas españolas, Intecsa Solar, Serleycon y Colway Industrial. A pesar de los logros, las desavenencias entre el empleador y las empresas contactadas hacía que se quedaran sin sus sueldos y, a medida que la situación se fue enquistando, los despidió sin más contemplaciones.

Ante tal panorama, los afectados acudieron a la asociación Arraigo, en Sevilla, que interpuso una demanda en la Policía Nacional por delitos que podrían ser constituvos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, así como de graves abusos contra trabajadores migrantes, remitieron en un comunicado. La querella hacía referencia a un “patrón sistemático de elusión de responsabilidades, mediante artimañas legales, cambios formales de empleador, desplazamientos contractuales ficticios y amenazas”, todo ello con el fin de eludir las obligaciones.

A su vez, desde la asociación consideraron “especialmente grave” que, tras la denuncia de los hechos, la plantilla fuera demandada ante la policía para que se les expulsara del país. Este expediente no prosperó por inexistencia de causa legal, sin embargo, advierten que quedó “en evidencia” el uso “abusivo y represivo de los mecanismos de control migratorio”. Tras meses de resistencia ante las amenazas de desahucio, Roberto Cid, miembro de la asociación Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, señala que los hostigamientos han cedido momentáneamente. Ahora, están a la espera del dictamen de Inspección de Trabajo y de que los trabajadores obtengan la residencia española por razones humanitarias o gracias a la regularización extraordinaria de personas migrantes.