Coche, chófer y un asesor: la oficina de Mazón como expresidente suma un coste anual de 155.000 euros

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, activó el pasado mes de diciembre sus primeras prerrogativas como exmandatario, un mes después de anunciar su dimisión como consecuencia del desastre de la dana que dejó 230 fallecidos.

La Oficina de Apoyo a los expresidentes depende de Presidencia de la Generalitat. El estatuto de expresidentes establece que el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes “los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”, que son, según la legislación, los siguientes: dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat.

Al respecto, Compromís cifró este lunes en al menos 155.000 el coste anual derivado de la mencionada oficina para el expresidente Mazón. En concreto, se trata de 76.000 euros brutos al año (incluida Seguridad Social) del sueldo de su asesor José Manuel Cuenca; 68.000 euros brutos al año correspondientes al sueldo del chófer; 6.000 euros de media en suministros (agua, luz, etc.) y gastos de la sede; y otros 5.000 euros de media por los costes derivados del vehículo oficial (gasolina o peajes). A estos costes podrían añadirse otros 76.000 euros si nombrara un segundo asesor, tal y como prevé el mencionado estatuto, es decir, se alcanzarían los 231.000 euros.

Desde Compromís han explicado a preguntas de elDiario.es que han hecho una extrapolación de los costes de los que informó presidencia de la Generalitat asociados a la oficina cuando la activó Francisco Camps y que los han actualizado los costes laborales. También lamentan que el actual Gobierno valenciano del PP no ha contestado a las diferentes preguntas realizadas al respecto.

De esta forma, desde la coalición valencianista cifraron en más de 900.000 euros el coste anual de todas las oficinas de expresidentes de la Generalitat que hay activadas en estos momentos, en concreto, las de Francisco Camps, Ximo Puig, Alberto Fabra y Carlos Mazón. Eduardo Zaplana renunció a estas prerrogativas, según Compromís. El coste total desde que existe la ley del Estatuto de los expresidents asciende a 7 millones de euros, por lo que desde la formación han defendido la necesidad de eliminarla y que únicamente tengan ayuda de la Generalitat para su labor como exmandatarios.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, dijo este lunes que el expresidente Carlos Mazón tiene “un chófer permanente, un coche permanente, unos asesores permanentes y un piso en la zona más exclusiva de Alicante, con vistas al mar”, en referencia a la oficina propiedad de la Generalitat que está ubicada en la calle Ingeniero Lafarga de Alicante, por lo que en el pleno de esta semana defenderán el cambio de esa ley para eliminar “privilegios ilógicos”. Un piso en el mismo edificio está en estos momentos valorado en 1,2 millones de euros.

“Un expresident debe tener consideración, pero no esos privilegios ilógicos”, destacó Baldoví, quien comentó que tampoco entienden que formen parte del Consell Jurídic Consultiu y dijo que habrá que ver qué vota Vox, pues en Extremadura se opone a lo que llaman “chiringuitos” y aquí ya votaron en contra la otra vez que se debatió esta cuestión.

Asimismo, el síndic de Compromís instó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que no esperen más y exijan ya el acta de diputado autonómico a Mazón, porque “no se merece” estar “ni un minuto más” en Les Corts y no se entiende que siga en un escaño que “no se merece” y al que además no va “a trabajar”.

“Las mismas razones que valían para que dimitiera de president deben valer para que dimita de diputado”, comentó Baldoví, quien afirmó que sigue en el escaño para mantener el aforamiento, pero hace pasar “vergüenza” a las víctimas de la dana y al pueblo valenciano.

Mazón “ha mentido, no estuvo en su puesto, se marchó el primero, nos han ocultado información, han intentado contar diferentes versiones”, lamentó Baldoví, para quien las “responsabilidades políticas” están claras y por tanto los dirigentes del PP deben exigirle ya que dimita o expulsarlo del grupo parlamentario popular, donde además es “un lastre” y les incomoda.

Baldoví opinó además que Pérez Llorca debería destituir a todo su Consell, porque en la dana “falló Mazón pero falló también la ineptitud” de la consellera de Interior y fallaron la vicepresidenta primera, el conseller de Agricultura o el de Educación, por lo que “es un escándalo” que el expresidente siga de diputado, pero también que sigan “los consellers negligentes”.