El Defensor del Pueblo no indaga en la custodia de las escuchas policiales
El Defensor del Pueblo elude investigar la decisión del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, de dejar en manos de la empresa china Huawei el almacenamiento de las escuchas telefónicas de Policía y Guardia Civil. En su respuesta a una queja de Manos Limpias –que considera que de esta forma se ponen en peligro los derechos fundamentales a la intimidad y seguridad de los ciudadanos–, la institución que preside Ángel Gabilondo rechaza llevar a cabo actuación alguna al respecto por no ser competente «en materia de seguridad nacional».
En su escrito, el secretario general del colectivo, Miguel Bernad, alertaba del riesgo de que Huawei –a la que Interior adjudicó los contratos de gestión y almacenamiento de esas intercepciones telefónicas autorizadas judicialmente en el marco de investigaciones– pueda facilitar a China «datos policiales y judiciales almacenados en los servidores», vulnerando la intimidad de los ciudadanos y «poniendo en peligro su seguridad y la de nuestro país».
Según puso de relieve Manos Limpias, la legislación china obliga a toda empresa de ese país a facilitar «cualquier secreto de trabajo de inteligencia estatal del que tengan conocimiento». Además, recordaba que la Comisión Europea ha advertido en diversas ocasiones del «riesgo potencial» que supone para la seguridad de la UE y de sus ciudadanos contar con Huawei como proveedor debido a las «leyes de seguridad y gobernanza» de la República Popular China.
No hay quejas de ciudadanos
Pero la respuesta a Manos Limpias, que firma Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera del Defensor del Pueblo, incide en que los órganos competentes en materia de seguridad nacional son las Cortes Generales, el Gobierno, el presidente del Ejecutivo, los ministros, el Consejo de Seguridad Nacional, los delegados del Gobierno y las autoridades autonómicas y locales. Pero no, recalca, el Defensor del Pueblo.
Según pone de relieve en esa respuesta, cuestión distinta si algún ciudadano se hubiese visto afectado y se hubiera dirigido a alguna administración pública «denunciando en casos concretos» que le afectasen directamente «el uso indebido de sus datos» y no hubiese sido adecuadamente atendido. Un caso de estas características, subraya, «se encontraría dentro del ámbito de una posible supervisión de esta institución».
Pues se trataría, explica, «de la supervisión» de la actuación de las administraciones públicas vinculada a «la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos». Pero esa supervisión, matiza, no puede estar referida «a la adjudicación en sí misma», sino a «hechos concretos tras la misma» y a la presentación de acciones o a las omisiones de las administraciones públicas (no del Poder Judicial o de empresas) «ante peticiones de ciudadanos».
El sistema de soporte de la empresa china para conservar y clasificar las comunicaciones interceptadas legalmente por las Fuerzas de Seguridad del Estado –recordaba Manos Limpias– es el OceanStor 6800 V5, «una línea de servidores de almacenamiento de ato rendimiento desarrollada por Huawei».
La advertencia de EE UU
«Es tal la preocupación de que la empresa Huawei pueda facilitar información sensible recopilada de dichas escuchas policiales» –señalaba Manos Limpias– que los directores de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos –Tom Cotton y Rick Crawford, respectivamente– enviaron una carta el pasado 16 de julio a la directora estadounidense de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, alertándole de los posibles riesgos para su país.
De hecho, añadía, instó a la responsable de Inteligencia de Estados Unidos a «revisar» los acuerdos de intercambio de inteligencia con el Gobierno de España «a fin de garantizar que cualquier información compartida con los servicios de Inteligencia, Defensa y Seguridad del Estado españoles no revele secretos de seguridad nacional de Estados Unidos al Partido Comunista chino (PCCh)».
El senador y el congresista estadounidenses ponían de relieve que Huawei «tiene estrechos vínculos con el PCCh y está sujeta a las leyes chinas de Inteligencia Nacional y de Seguridad de los Datos, las cuales obligan a Huawei a proporcionar al PCCh acceso a cualquier información que dicho partido considere necesaria».
De ahí que el colectivo denunciante advirtiese del peligro de que «por razones de seguridad del régimen dictatorial chino y del sangriento Partido Comunista Chino», la empresa pueda facilitar al régimen chino, «potencia extranjera no aliada», esos datos policiales y judiciales almacenados procedentes de las escuchas.