El coste económico del victimismo colectivo

Hay pocos recursos más abundantes en las economías avanzadas que el victimismo colectivo que condiciona decisiones públicas, presupuestos y narrativas con una eficacia envidiable. Básicamente consiste en transformar cualquier dificultad, real o percibida, en una seña de identidad donde no se trata de tener un problema concreto, sino de ser el problema de modo que cuando una sociedad convierte el malestar en categoría política permanente, la economía empieza a resentirse.

Primero, porque el victimismo desplaza la responsabilidad pues si la causa última de mi situación siempre está fuera, en el sistema, el mercado, los empresarios, los ricos, Bruselas, la globalización o el algoritmo de turno, entonces el incentivo a mejorar mi posición disminuye y sabemos que las economías prosperan sobre incentivos, no sobre consignas.

Segundo, porque el victimismo alimenta políticas públicas diseñadas para aliviar agravios emocionales más que para resolver ineficiencias reales de la economía y, de esta forma, se multiplican subsidios mal focalizados, regulaciones simbólicas y redistribuciones improvisadas que generan titulares inmediatos, pero efectos secundarios duraderos ya que cada agravio declarado exige una partida presupuestaria que debe ser financiada por el contribuyente.

Así pues, el resultado es un círculo vicioso pues cuanto más se institucionaliza el relato de agravio, mayor es la presión para expandir el gasto público y endurecer la regulación y, cuanto más se interviene la economía, más se debilitan los incentivos a la inversión y a la creación de empleo, ralentizando el crecimiento económico, lo que alimenta la narrativa de que, el sistema no funciona o no es justo.

Además, existe un coste sociocultural ya que una sociedad que premia la condición de víctima tiende a penalizar el riesgo, el mérito y el éxito haciendo que el empresario deje de ser motor de empleo para convertirse en sospechoso habitual y el profesional que prospera no es ejemplo de esfuerzo, sino posible beneficiario de privilegios estructurales, haciendo que la creación de riqueza pierda prestigio social.

Paradójicamente, las economías que más han reducido la pobreza en las últimas décadas lo han hecho ampliando mercados, fomentando la competencia y reforzando la movilidad, no expandiendo indefinidamente el catálogo de agravios pues el crecimiento no elimina todas las desigualdades, pero ofrece oportunidades reales de mejora.