El sanchismo, una máquina de expolio y costes arbitrarios
Derogar el sanchismo es esencial. Heredarlo sería suicida. El sanchismo se centra en cuatro pilares fundamentales: el expolio fiscal, el despilfarro público, la asfixia normativa y la corrupción. Todos deben ser eliminados o, de lo contrario, solo se perpetuará un sistema extractivo y confiscatorio. Si la oposición gana las elecciones, debe desmontar esta red de intervencionismo y expolio o perderá aunque gobierne. España es un infierno fiscal. Las empresas pagan más impuestos y sufren la lacra de los costes por burocracia y absentismo.
La ratio de ingresos fiscales sobre PIB en España se sitúa en torno al 38%, por encima de la media de la OCDE (33,9%) y en línea con la media de la UE. Sin embargo, España tiene mucho más paro, empresas más pequeñas y una mayor economía sumergida. Por ello, el uso de la ratio de presión fiscal no tiene sentido al compararse con países con métricas de empleo, tamaño empresarial y economía sumergida radicalmente diferentes. España supera la media de la Unión Europea en cuña fiscal y en esfuerzo fiscal, lo que muestra que la carga impositiva relativa al salario y a la renta disponible es muy superior para los trabajadores españoles que para la media de la UE. La cuña fiscal –porcentaje del coste laboral total que se detrae en impuestos y cotizaciones sociales– es casi siete puntos superior a la media de la UE, y el esfuerzo fiscal, la presión fiscal ajustada a la renta per cápita y a la economía sumergida, es también significativamente superior a la media de la UE. En 2024, el «esfuerzo real» de IRPF de los hogares, usando el índice de 2008 como 100, alcanzó 114,4, mientras que la renta neta media se quedó en 95,7, según Funcas. Es decir, se pagan más impuestos sobre una renta real menor que antes de la crisis.
Los impuestos a las empresas son también mucho más altos. La carga efectiva sobre empresas en España es muy superior a la media de la UE. España aparece en el puesto 34 de 38 en el índice de competitividad fiscal del Instituto de Estudios Económicos, lo que indica más presión y menor calidad del diseño fiscal. Los impuestos soportados por las empresas en España representan un 17,8% del PIB, frente al 14,8% de la media de la UE, es decir, unos tres puntos de PIB más, con empresas más pequeñas. El tipo implícito sobre el capital en España es 5,4 puntos superior a la media de la UE y la carga fiscal empresarial en España equivale a unos tres puntos de PIB más que dicha media.
No podemos olvidar los costes por absentismo y exceso de regulación. El coste del absentismo alcanza 128.600 millones al año y la brutal carga de normativismo y exceso regulatorio impone a la economía española otros 90.000 millones anuales. Si en España se priorizase la regulación que facilita frente al normativismo que frena, el país crecería con fortaleza, no con maquillaje.
España tiene un problema estructural de hipertrofia normativa. En España se aprueban 30 disposiciones al día, el equivalente a una nueva regulación cada 45 minutos. Esta locura no sirve para mejorar la situación económica ni para vertebrar la sociedad de manera eficaz, sino que responde a una intervención permanente que aumenta la complejidad legal y la discrecionalidad administrativa.
Según muestra un estudio del Instituto Juan de Mariana y CEFAS, es posible lograr reducciones de entre el 90% y el 95% en extensión normativa, caídas superiores al 50% en carga regulatoria y mejoras sustanciales en seguridad jurídica. De las 243 normas con rango de ley aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez, 204, es decir, el 84% del total, pueden ser derogadas o reformadas de manera radical por ser innecesariamente intervencionistas, presentar una mala técnica normativa y tener una nula justificación funcional.
El estudio separa las normas por bloques. El Bloque 1 (23%) incluye las leyes que pueden derogarse inmediatamente, al no existir ningún mandato europeo que las sustente. El Bloque 2 (16%) incluye las leyes cuya derogación exige una negociación previa con Bruselas, al haber sido aprobadas como compromisos vinculados a los fondos Next Generation EU. Como ejemplo, la reforma del sistema de cotización de autónomos por los mal llamados ingresos reales, que ha supuesto la mayor subida de impuestos y destrucción de autónomos en años. El Bloque 3 (13%) agrupa transposiciones de directivas europeas sobredimensionadas por el legislador nacional. El Bloque 4 (48%) incluye las leyes que requieren una reforma en profundidad, incluida la ley de vivienda. Finalmente, el Bloque 5 (16%) contiene las normas cuya revisión no se considera prioritaria a corto plazo.
El impacto económico de la sobrerregulación es cuantificable. Las cargas administrativas, los costes de cumplimiento, la litigiosidad y la inseguridad jurídica asociadas al exceso normativo suponen un coste agregado superior a los 90.000 millones de euros anuales, funcionando como un impuesto oculto que penaliza especialmente a pymes, autónomos y familias, reduce la inversión y lastra la productividad, como explica el informe.
España es un infierno fiscal y burocrático que penaliza el crecimiento empresarial, ataca a los autónomos y trata a los creadores de empleo como delincuentes preventivos. No es una sorpresa que seamos un país de microempresas, que el paro oficial y real sean muy superiores a los de nuestras economías comparables y que la economía sumergida sea mayor que en otras. Es un sistema extractivo, confiscatorio e intervencionista que no busca el progreso, sino el control. Derogarlo no es una opción; es una obligación.