Igualdad dedica dos millones de euros a la atención de víctimas del racismo
- Teléfono gratuito activo todos los días
- 21 oficinas en toda España
- Asesoramiento jurídico y mediación
- Más de 30 profesionales dedicados en exclusiva
- Seguimiento exhaustivo y base de datos centralizada
- Desconfianza para denunciar
El Ministerio de Igualdad va a destinar más de dos millones de euros al refuerzo del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial y Étnica, según ha podido saber El Chivato.
El objetivo es consolidar y ampliar un dispositivo que ya está en funcionamiento y el pasado año atendió 2.913 casos.
Teléfono gratuito activo todos los días
El eje central del servicio seguirá siendo el teléfono 021, gratuito y operativo desde cualquier punto de España. Funcionará todos los días del año, incluidos festivos, en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.
El compromiso es que el tiempo de espera no supere el minuto en cómputo mensual. Si las líneas están saturadas o fuera de horario, el sistema permitirá dejar mensaje y garantiza respuesta en un plazo máximo de 24 horas.
Además del canal telefónico, el servicio contará con atención online, mediante correo electrónico y formulario web, también con contestación en 24 horas, y con una amplia red de atención presencial.
21 oficinas en toda España
El dispositivo incluirá al menos 21 oficinas físicas, una en cada comunidad autónoma y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Andalucía y Canarias dispondrán de dos sedes cada una, dadas sus características territoriales.
Cada oficina ofrecerá un mínimo de 37,5 horas semanales de atención presencial, con horario de mañana y tarde. En verano se permitirá jornada intensiva.
No se descarta la habilitación de oficinas itinerantes o incluso una oficina móvil, para adaptarse a picos de incidencia o situaciones excepcionales.
Asesoramiento jurídico y mediación
El servicio no se limita a escuchar o registrar quejas. Incluye asesoramiento jurídico especializado, aunque no contempla representación en juicio.
Entre las materias que se abordarán figuran discriminación en el empleo, vivienda, educación, sanidad, acceso a bienes y servicios, así como situaciones relacionadas con delitos de odio racistas.
También se realizarán averiguaciones sobre los hechos denunciados, redacción de escritos dirigidos a administraciones o entidades privadas y, cuando sea posible, mediación entre las partes para intentar resolver el conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales.
El dispositivo prevé coordinación periódica con Fiscalía especializada, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales e inspección de trabajo, entre otros actores.
Más de 30 profesionales dedicados en exclusiva
La estructura contará con un equipo multidisciplinar formado, como mínimo, por: un coordinador y un coordinador adjunto, dos asesoras legales con titulación en Derecho, 29 personas técnicas y un perfil auxiliar administrativo.
En total, más de treinta profesionales, todos con dedicación completa al servicio y sin posibilidad de compartir funciones con otros programas.
Cada una de las oficinas presenciales deberá contar, al menos, con una persona técnica responsable durante todo el horario de apertura.
Seguimiento exhaustivo y base de datos centralizada
El sistema incorporará una base de datos de seguimiento de casos, accesible para el equipo técnico y supervisada por la Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo.
Se elaborarán informes mensuales, una memoria anual y una memoria final, con datos desagregados sobre: comunidad autónoma y localidad del incidente, ámbito en el que se produce (laboral, educativo, sanitario), derechos vulnerados, perfil socioeconómico de las víctimas, nacionalidad, etc.
También se analizará si la víctima abandonó el proceso, si acudió a otras instituciones y cuál fue el resultado final del caso.
Desconfianza para denunciar
Los datos manejados por Igualdad indican que solo el 22,4% de las personas que afirman haber sufrido discriminación presentan denuncia o reclamación.
Entre las razones destacan la desconfianza en la utilidad del proceso, la normalización de los hechos y la dificultad para probar situaciones discriminatorias.