El CNI «controló daños» en la orden de Sánchez
Pedro Sánchez abordó con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el material relativo al 23F que el Gobierno desclasificó ayer y que desde el mediodía se puede consultar en la página web del Palacio de la Moncloa. Varias fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN aseguran que el jefe del Ejecutivo estaba al tanto del alcance de los 153 documentos que hoy ven la luz tras 45 años en la oscuridad, pese a que ni siquiera el titular de la Presidencia puede acceder a ellos.
Cuestión distinta es que tenga idea de qué hay. De hecho, ayer fue el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien avanzó a sus colegas en el Consejo de Ministros los titulares de los papeles de marras. En cualquier caso, estas mismas fuentes insisten en que la publicación de los archivos no pondrá en riesgo la seguridad nacional. Precisamente por ello el Gobierno abordó el asunto con el Centro Nacional de Inteligencia.
En España, la única persona con capacidad para husmear a su antojo en los secretos más profundos del Estado es el responsable de la inteligencia. Y, eventualmente, el jefe del Estado en caso de que requiera del responsable del centro. Fuentes del Ejecutivo explican que, en verdad, desconocen cuántos documentos clasificados existen en España porque «no hay un listado». Por eso, el Gobierno sostiene que ha desclasificado «los que ha encontrado». En concreto, los que están repartidos por los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, que ayer se pusieron a digitalizar todo el material. El Gobierno ha mantenido en el máximo secreto su decisión de publicar estos fondos. Por ello, se puso «recientemente» en conocimiento de la Casa Real. «No se comunicó antes precisamente para evitar cualquier filtración», conceden fuentes del Ejecutivo.
Como contó ayer este diario, el jefe de la Casa de S.M. el Rey fue notificado «previamente» de la decisión personal tomada por el jefe de Gobierno. En el Ejecutivo, en cualquier caso, reiteran que lo que se sepa hoy «no cambiará» la historia más allá «de algún detalle sin demasiada importancia», según cuenta un cargo de confianza del presidente Sánchez en Moncloa.
En lo que coinciden todos es en que la desclasificación de los archivos del 23F corresponde a una decisión directa y personal del líder del PSOE; motivo por el que la oposición le acusa de querer usar el pasado como «cortina de humo» para evadirse de un presente complicado y un futuro más que incierto. El presidente del Gobierno está acorralado por varios escándalos y una manifiesta debilidad parlamentaria, que le impide garantizar la aprobación de la ley de información clasificada. Precisamente, esa ley establece que no pueden hacerse públicos todos los documentos si existe una causa superior de seguridad nacional o defensa que justifique mantenerlos clasificados.
El 23F constituye el relato fundacional sobre el que se ha asentado buena parte de la legitimidad de la Monarquía parlamentaria en España. Pero todo relato, cuando se enfrenta a la prueba de los documentos, se arriesga a ser confirmado o matizado. Y el Gobierno ha querido jugar con eso, pese a ser consciente de que no habrá nada que lo altere sustancialmente. Eso ya dota a esta decisión de Sánchez de una intencionalidad política clara.
El alcance dependerá del contenido que salga a la luz. Aunque todo indica que no habrá nada que contradiga que la Monarquía tuvo una actuación nítida y alineada con el orden constitucional. En política, la dimensión simbólica estructura la memoria colectiva y condiciona la interpretación de los hechos. La desclasificación ofrece datos verificables. Lo que Sánchez ha decidido poner en juego es cómo esos datos dialogan con uno de los grandes símbolos de la Transición. El Gobierno justifica todo en base a la «transparencia».
La gestión de los secretos oficiales es una competencia que maneja el departamento de Félix Bolaños desde hace casi tres años.
El presidente del Gobierno se la dio en detrimento de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bolaños, enfrentado a Robles tras el caso Pegasus, ganó aquel pulso, entendido como un gesto hacia los aliados independentistas. Sánchez no quería que los secretos se controlaran en un departamento donde trabajan fuerzas que algunos sectores del PSOE consideran hostiles a la coalición.