El Gobierno deniega a García Caparrós la condición de víctima del terrorismo de Estado: "No tiene encaje en la ley"

El Gobierno de España ha denegado la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós, el joven malagueño asesinado por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977.

En una carta dirigida a las hermanas de Caparrós, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Directora General de apoyo a las Victimas del Terrorismo, Montserrat Torija, dependiente del Ministerio de Interior, considera “execrables los hechos ocurridos” en los que “lamentablemente (...) un miembro de la policía armada disparó contra D. Manuel José García Caparrós causándole la muerte”.

Sin embargo, a renglón seguido, Interior advierte de que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

La familia del joven sindicalista tiene ahora un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, significaba colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

El carpetazo del departamento de Fernando Grande Marlaska llega a pocos días del 28 de febrero (28F), día de Andalucía, que conmemora la conquista del autogobierno de Andalucía, consolidada en el Estatuto de Autonomía de 1981.

García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía, un título que le concedió la Junta a título póstumo, y la solicitud de su familia para que el Gobierno le otorgara el reconocimiento de víctima fue respaldada por todos los grupos del Parlamento andaluz, excepto Vox.

El 4 de diciembre del 77, un millón de andaluces salieron a las calles a manifestarse por una autonomía plena. García Caparrós murió de un disparo en la movilización que tuvo lugar en Málaga. Cada año, los partidos de izquierdas conmemoran esa fecha como el primer episodio del proceso autonomista, comandado por el pueblo andaluz. El Gobierno de Juan Manuel Moreno fijó esa efeméride en el calendario oficial como el Día de la Bandera Andaluza.

Una cuenta pendiente desde 2007

En junio del año pasado, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que albergaba el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente. Sólo la primera de las tres peticiones se les ha concedido.

El pasado 11 de noviembre, en el marco de la Ley de Memoria Democrática y en virtud de una reforma ad hoc del reglamento de archivos del Congreso, la Mesa de la Cámara Baja aprobó por unanimidad permitir a las hermanas García Caparrós el acceso al expediente desclasificado del asesinato Manuel José.

Dolores, Francisca y Purificación visitaron el Congreso y pudieron consultar personalmente el archivo “sin anonimizar” de la comisión que investigó su asesinato, es decir, sin los nombres de los implicados tachados. Cumplieron así un anhelo con casi 50 años de reivindicación.

Pero tras colmar ese objetivo, las hermanas de Caparrós continuaron escribiendo a Sánchez en busca del reconocimiento oficial como víctima del terrorismo. El 22 de octubre, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, les respondió por carta, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

Sin embargo, la solicitud de la familia García Caparrós se traspapeló y durante dos meses el departamento de Fernando Grande Marlaska no había estudiado aún si la petición para el reconocimiento del joven malagueño como víctima del terrorismo tenía encaje en la ley.

El abogado que representa a la familia volvió a remitir el escrito a Interior el pasado 4 de diciembre, al cumplirse 49 años del asesinato del joven sindicalista, y es ahora cuando la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha resuelto de forma desfavorable a sus intereses.

“Les trasladamos nuestras disculpas por la demora en atender la solicitud de información de su primer escrito. La recopilación de la información sobre el expediente tramitado en 2007 y el estudio de la situación actual nos ha llevado más tiempo del inicialmente estimado”, reza la carta, firmada por Torija.

En efecto, en 2007, año en el que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las hermanas de García Caparrós presentaron por primera vez ante el Ministerio del Interior una solicitud de indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, de 1999.

Esta solicitud fue inadmitida por “extemporánea” en octubre de ese mismo año, y al Ministerio “no le consta” que la familia recurriese luego esa resolución en los tribunales.

En 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que regula “indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la acción terrorista”.

La carta que han recibido las hermanas de García Caparrós apela a esa misma ley, que establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

En estos casos, concluye la misiva, “la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos pueden acreditarse ante la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho”.

La muerte de García Caparrós, que fue objeto de una investigación interna en el Congreso, no responde a ninguno de estos supuestos que establece la ley, razón por la que Interior ha rechazado su reconocimiento como víctima del terrorismo.