Adif manosea pruebas

Adif está jugando con fuego al haber extraído de la zona del accidente de Adamuz materiales que pueden ser relevantes para conocer las causas de un descarrilamiento que causó 46 víctimas mortales y decenas de heridos. En la madrugada del pasado 22 de enero, cuatro días después del siniestro, un empleado de Adif retiró de las vías varios cupones de soldaduras. La orden verbal vino dada, según el informe de la Guardia Civil a la juez instructora, por el jefe de área de Adif, quien ignoró a conciencia la investigación policial y judicial que ya estaba en curso. La Guardia Civil recuperó las piezas el 3 de febrero y las puso a disposición de la juez de instrucción, quien ha reaccionado con dureza a esta –como mínimo– imprudencia del personal de Adif, dictando una providencia en la que ordena al gestor ferroviario que se abstenga de retirar nuevos materiales de la zona del accidente y de practicar prueba sobre los que tenga en su poder, ordenando que sean entregados de inmediato al juzgado. La resolución finaliza con una advertencia de las responsabilidades penales en las que puede incurrir el personal de Adif si desobedece la decisión judicial. Pruebas que han estado doce días fuera de control. Este grave incidente revela una insólita falta de criterio en el responsable de Adif y en quienes le dieron la orden o consintieron el traslado de las piezas. Todo resto de un posible delito debe ser cuidadosamente retirado por la Policía Judicial, fotografiado, inventariado y clasificado, para asegurar la llamada 'cadena de custodia que garantiza que la prueba obtenida en el lugar de los hechos llega intacta hasta el juicio oral. Según el empleado de Adif interrogado por la Guardia Civil , los cupones fueron sometidos a «pruebas de fuerza», pero no «destructivas». Cualquier manipulación de pruebas por personas ajenas al control policial o judicial entraña un riesgo evidente para su validez en juicio, más aún cuando son elementos que deben ser sometidos a pruebas periciales y una mínima alteración puede distorsionar el resultado de los procedimientos aplicados por peritos policiales o judiciales. Todo responsable de una infraestructura civil sabe, o debería de saber, que ante un accidente con 46 muertes no se puede alterar el escenario de los hechos. Y menos admisible es que Adif, sabiendo a 22 de enero que había investigaciones oficiales en marcha, no pusiera inmediatamente a disposición judicial los materiales extraídos por su cuenta y riesgo. El reproche a Adif no se agota con esta irregularidad, porque la Guardia Civil ya ha informado al juzgado de la localidad de Montoro de que la gestora no atiende con rapidez sus peticiones de información, que tiene que reiterar varias veces, todo lo cual crea un ambiente en el que Adif sale mal parada y se expone a ser investigada por el manoseo de las pruebas. Como el ministro Óscar Puente no tiene problemas en comparecer tantas veces como sean necesarias, vendría bien una explicación por su parte, dejando a un lado el mantra de los 'bulos', porque ni las providencias de una juez, ni los informes de la Guardia Civil son bulos. Vistas la dimensiones que está adquiriendo esta investigación, lo urgente es que la juez de Montoro que investiga el caso se dedique en exclusiva al accidente de Adamuz, algo que el Tribunal Superior de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial tienen que asumir.