Más de cinco mil cartas sobre el escritorio del despacho oval, la constatación de que Donald Trump ha leído sus argumentos y la respuesta directa de varios congresistas en la que afirman que se toman en serio las denuncias por abusos a menores. Son las credenciales con las que los promotores de la 'Operation Spotlight' –tres antiguos miembros de los Testigos de Jehová – dan por concluida la primera fase de su campaña para presionar al presidente de Estados Unidos para que impulse investigaciones federales sobre las políticas internas de la organización religiosa, especialmente aquellas relacionadas con el ostracismo social al que son condenados quienes la abandonan o son expulsados. Aunque los destinatarios de las cartas están en Estados Unidos, la campaña tiene un carácter global y se enmarca dentro de las diversas iniciativas que están haciendo pública la realidad que se vive dentro de los Testigos de Jehová , como la serie de HBO Max estrenada el 20 de febrero. La producción audiovisual está inspirada en la investigación y el podcast de 'Los expulsados del Paraíso' realizados por ABC y que narra los testimonios de las víctimas de la confesión religiosa y el juicio al que fueron sometidos tras la denuncia contra ellos de los propios Testigos de Jehová. Así, 'Operation Spotlight', que comenzó hace algo más de un año, se articula a través de una extensa carta, dirigida a la Casa Blanca y a los congresistas estadounidenses, puesto que este es el país en el que surgió esta confesión religiosa y donde se encuentra su sede principal, la conocida como Watchtower , desde la que el «cuerpo gobernante» –su principal órgano de gobierno– controla los designios de los nueve millones de creyentes que afirma tener la organización. También en este caso, la firme declaración de intenciones con la que comienza la carta que ha leído Trump es muy similar a los testimonios que antiguos Testigos de Jehová han narrado en estas páginas o en la versión televisiva. «Le escribo como ciudadano profundamente preocupado por las graves acusaciones de abuso sexual infantil, violaciones de los derechos humanos y encubrimientos sistémicos dentro de la organización de los Testigos de Jehová», señala la misiva. El texto sostiene que las políticas internas de la entidad «protegen a los abusadores , silencian a las víctimas y reemplazan los procesos legales con procedimientos judiciales internos que desafían las leyes de los Estados Unidos». La carta, que ya han enviado más de cinco mil personas, pide expresamente que el Departamento de Justicia investigue posibles encubrimientos, que la agencia tributaria de Estados Unidos revise el estatus de exención fiscal de la Watchtower y que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país evalúe el impacto psicológico del rechazo social hacia los exmiembros. «Con estas peticiones no pretendemos que se prohíba la religión, sino que se revisen prácticas concretas que pueden resultar dañinas para quienes siguen en ella», explica a ABC por videoconferencia uno de los promotores de la iniciativa, que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias desde la confesión religiosa. «Desde la Watchtower están atacando muy fuerte a las voces discrepantes en Estados Unidos, están furiosos», nos explica. Como ocurrió en España cuando apareció la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová , en Estados Unidos «están denunciado a quienes tienen una opinión distinta sobre ellos, ya han conseguido cerrar algunos canales de YouTube», explican. Los promotores de la campaña ocupaban, hasta no hace muchos años, puestos prominentes dentro de la estructura de los Testigos de Jehová. Eran precursores regulares, los ministros a tiempo completo que dedican más de cien horas al mes a predicar casa a casa, o con los carritos con folletos en las calles y plazas. «Los precursores llevan una vida modesta y confían en que Jehová cubrirá sus necesidades», afirman sobre ellos en la página web de la entidad religiosa. Otros, incluso eran 'ancianos' –el encargado de una congregación, similar al sacerdote en otras confesiones– y 'siervo de circuito', lo que le llevaba a supervisar el trabajo de unos veinte salones del Reino, como llaman a sus templos. Estos últimos puestos están reservados sólo a los hombres. Pero ser conocedores de la estructura de encubrimiento en los casos de abusos a menores les llevó a replantearse su pertenencia a la organización. «Empezamos a tener dudas al ver que los ancianos, después de conocer el caso, no tomaban medidas ni presentaban el caso a la Policía y reducían la respuesta a un comité judicial interno en el que además la víctima debe presentar dos testigos para ser creída», explican desde Estados Unidos. Una justicia interna, paralela a la ley, que en muchas ocasiones se saldó sin condena al agresor. «¿Y si lo dejamos en manos de Jehová? La justicia mundana no sirve para nada», fue la única respuesta que obtuvo de los ancianos una víctima española tras narrar su violación, según contó en el juicio. Esas dudas sobre los procedimientos llevaron también a los extestigos estadounidenses a plantearse dejar la organización. «Comenzó ahí el ostracismo, nos comenzaron a apartar», explican a ABC sobre aquellos momentos. La actitud de los Testigos de Jehová hacia ellos les llevó a asumir por completo lo que intuían desde hacía tiempo: la «gran mentira» que no sólo estaban viviendo, sino que contribuían a difundir. Eran lo que los diversos grupos de extestigos han acuñado como PIMO (acrónimo en inglés de físicamente dentro, mentalmente fuera), que define a los Testigos de Jehová que siguen activos en la organización (asisten a reuniones, predican), pero que ya no creen en sus doctrinas y no se marchan por miedo a perder el contacto con sus familiares y amigos. «Los Testigos de Jehová practican la muerte social en vida con los que abandonan o son expulsados», explican a este diario, una realidad que también han denunciado los extestigos en España y que estuvo muy presente en el juicio y se ha narrado de forma muy directa tanto en el podcast de ABC como en la serie que ahora se estrena. De hecho, en la carta enviada a Trump señalan cómo «los Testigos de Jehová utilizan la presión económica, social y psicológica para hacer cumplir sus políticas, lo que conduce a casos documentados de depresión severa, falta de vivienda y suicidio ». Y recuerdan que los tribunales han dictaminado en casos similares que este tipo de «prácticas coercitivas» pueden causar daños, en especial cuando «conducen al distanciamiento familiar, la pérdida del empleo o crisis de salud mental». La carta también recuerda los casos de abusos a menores, y hace una especial referencia a la Royal Commission, la investigación promovida por el gobierno australiano para analizar esta lacra en las diferentes confesiones y que determinó que «los niños no están adecuadamente protegidos contra el riesgo de abuso sexual infantil en la organización de los Testigos de Jehová», según recoge el texto. Los promotores aseguran que la campaña nació como una respuesta internacional inspirada en experiencias previas dentro de la propia organización. «Quisimos hacer esta campaña mundial, con más de 50 países». Según explica, la iniciativa se inspira en movilizaciones anteriores promovidas por los propios Testigos de Jehová, como las campañas de cartas enviadas a gobiernos extranjeros cuando la organización fue restringida en Rusia. «Estamos utilizando las mismas prácticas que ellos utilizan», señalan. Los activistas insisten en que el objetivo principal no es judicial, sino político y social. «No es denunciarlo ni hacer un juicio. No tenemos fondos. Queremos sensibilizar a líderes políticos y congresistas ». Más allá de Estados Unidos, los impulsores de la campaña buscaron desde un primer momento proyectar una imagen internacional, como finalmente han conseguido. Además, la carta recuerda cómo en «Japón, Nueva Zelanda, España, Brasil, Reino Unido y Argentina también han iniciado investigaciones formales sobre las prácticas de la organización». La ofensiva mediática de los exmiembros refleja una tendencia creciente a nivel internacional, a la que se suma un reciente juicio en Noruega, donde la confesión ha perdido su estatus de religión debido al ostracismo que somete a sus miembros, o a las denuncias cada vez más públicas, como la serie de HBO, de factura española, que se ha estrenado en todos los países en que está implantada la plataforma, casi toda Europa, Estados Unidos e Iberoamérica.