Sanidad maquilla con datos sesgados su retraso en aprobar fármacos innovadores
Una vez al año, un informe denominado WAIT Indicator (las siglas en inglés de Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa) saca los colores al Ministerio de Sanidad que se precie. Sus conclusiones son referencia en el entorno europeo para analizar el acceso de la población a la innovación farmacéutica, y también la diligencia de las autoridades sanitarias de los países a la hora de ofrecer a los usuarios de su sistema sanitario las mejores opciones terapéuticas disponibles. El informe, que elabora la consultora Iqvia para la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Epfia, por sus siglas en inglés), se realiza única y exclusivamente con datos públicos y es extremadamente riguroso, por lo que cualquiera que quisiera podría reproducir los resultados.
Sus fuentes de información no son otras que las autorizaciones de la Comisión Europea, las decisiones de financiación que toma la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) y la información recogida en el Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos (Bifimed), ambos en la web del Ministerio de Sanidad.
España lleva años sin salir bien en la foto que enseña este informe. Concretamente, desde 2018, año en el Pedro Sánchez llegó al poder por la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy.
El WAIT con datos de 2024, el último disponible, evidenció que los pacientes españoles tuvieron que esperar 616 días para acceder a los medicamentos innovadores autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Veinte meses que tardó la sanidad pública en nuestro país en financiar fármacos y terapias que salvan vidas, un tiempo inaceptable que triplica sobradamente los 180 días establecidos por la directiva europea que regula los plazos y procedimientos para que los Estados miembros fijen los precios y decidan la inclusión de medicamentos en sus sistemas nacionales de salud. Además, más de la mitad de los nuevos fármacos disponibles (52%) lo están de manera limitada. Es decir, que 64 de los 123 medicamentos financiados en España entre 2021-2024 están sometidos a algún tipo de restricción de uso (por indicación terapéutica, tipo de paciente, etc).
Un informe a la medida
Prácticamente desde que llegaron al Ministerio, Mónica García y su segundo, Javier Padilla, declararon la guerra a este informe y anunciaron que harían uno propio, midiendo "fármaco a fármaco" los resultados.
Su promesa se concretó el año pasado, con el informe "Financiación de medicamentos innovadores en España", cuyos resultados principales contrastaban con los datos del WAIT, ya que disminuían a la mitad los tiempos de espera de los pacientes. ¿Cómo lo consiguieron? Pues nada más y nada menos que contabilizando los datos de fármacos a los que se accede por la vía de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE), es decir, el acceso a los mismos antes de su autorización y/o antes de la decisión de precio y financiación.
Sin embargo, estos "accesos" no se pueden considerar como tal en el informe que realiza la Efpia, por varios motivos. No son públicos, ni están normalizados ni son para todos los pacientes en las mismas condiciones, señalan a LA RAZÓN fuentes de la industria farmacéutica. Es decir, que dependen de una serie de factores concretos (la voluntad del médico que trata al paciente, del hospital desde el que se solicita, de la CCAA, entre otros muchos) que no son medibles.
Ahora lo han vuelto a hacer. La semana pasada el Ministerio de Sanidad presentó su segundo informe sobre la financiación de medicamentos innovadores en España, correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2024. En la nota de prensa que lo acompañaba el departamento de García aseguraba que "financia casi el 80% de los medicamentos innovadores que solicitan prestación pública" y que "la mediana de tiempo desde el registro de un fármaco en España hasta su financiación se ha reducido en un 50%, pasando de 615 días a 303".
El nuevo análisis de Sanidad, como el primero, maquilla los datos al incluir accesos en situaciones especiales, pero va aún más lejos, ya que manipula las medias y emplea criterios poco exigentes y transparentes. Esto genera una imagen distorsionada del acceso real a la innovación farmacéutica en España, que sigue estando lejos de los estándares europeos.
Más trampas
Lo analizamos punto por punto. En primer lugar, el informe no especifica qué medicamentos, cuántas veces, para cuantos pacientes, ni en qué comunidades o hospitales se han administrado por la vía MSE. Sanidad afirma que 70,4% de los fármacos registrados accedieron al sistema de forma temprana mediante esta vía, pero durante esa etapa el medicamento aún no está comercializado ni disponible para todos los pacientes. Es un acceso individual, limitado y condicionado, no general.
En segundo lugar, Sanidad habla de 230 medicamentos innovadores (excluyendo vacunas, genéricos y biosimilares) y no todos lo son. Sin embargo, el informe WAIT considera prácticamente en exclusiva nuevos principios activos, un criterio mucho más exigente. Cuando se menciona que "otros medicamentos no llegan a España", se refiere a que algunas compañías no solicitan financiación si ya existe el mismo principio activo, aunque no sea genérico, lo que distorsiona la comparación.
Respecto a los tiempos medios de acceso, el informe presume de haberlos reducido al 50%, pero esta comparación es errónea. Se mide el tiempo de medicamentos autorizados entre 2020 y 2021 y financiados hasta octubre de 2025, frente a los autorizados entre 2023 y 2024 y financiados hasta octubre de 2025. Al comparar periodos tan diferentes, la mediana siempre será más baja en el grupo reciente porque no ha transcurrido suficiente tiempo. Si se toma como referencia su informe de 2025, el tiempo de acceso solo se ha reducido en 25 días (de 583 a 558), lejos del 50% que proclama el Ministerio.
En un ejemplo más de cambiar el enfoque de la foto cuando no sales bien, en los últimos días Mónica García ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto (RD) que pretende "unificar y modernizar el sistema de información de listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS)". Una norma pensada exclusivamente con la intención de perjudicar a la Comunidad de Madrid, que cuenta con los mejores datos de España tanto en el tiempo medio que tardan en llamar a un paciente para una intervención quirúrgica no urgente (49 días) como en el tiempo medio de espera para ser visto por un especialista (68 días).