La urgencia de Zelenski choca con la unanimidad para ingresar en la UE
Cuatro años después del inicio de la invasión rusa, la candidatura de Ucrania a la Unión Europea (UE) ha pasado de ser un gesto simbólico de solidaridad a un desafío estructural que obliga al bloque a replantear su funcionamiento interno. Lo que comenzó como una respuesta política inmediata al ataque se ha transformado en un proceso burocrático enrevesado.
Aunque la Comisión Europea emitió un dictamen favorable en junio de 2022 y las negociaciones de adhesión se abrieron formalmente en 2024, el camino hacia la integración plena sigue condicionado por reformas profundas en justicia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. En septiembre de 2025, Ucrania completó con éxito la evaluación preliminar de su alineación con los estándares europeos, pero el horizonte de ingreso sigue siendo incierto.
Para Victoria Rodríguez Prieto, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid especializada en política exterior europea, este escenario refleja un cambio profundo en la política de ampliación, que tradicionalmente se ha guiado por una "exhaustiva exportación normativa". Según la experta, el actual orden internacional lleva a la UE a una dinámica en la que "los intereses prevalecen frente a los valores".
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló el jueves que la intención es avanzar lo antes posible para "no perder el impulso", pero evitó dar fechas concretas, recordando que Ucrania debe cumplir con los criterios de Copenhague, y que las normas de entrada al bloque son innegociables. Esta exigencia de méritos choca con la presión del presidente Volodimir Zelenski, quien solicita un plazo fijo para la adhesión en el marco de las negociaciones de paz con Rusia. Esta urgencia ha forzado a la Comisión Europea a revisar una política de ampliación diseñada hace décadas que hoy se ve superada por la situación geopolítica.
Para intentar conciliar la seguridad estratégica con las normas institucionales, Bruselas estudia propuestas que alteran el procedimiento tradicional de integración. Una de las opciones sobre la mesa es otorgar a Ucrania un estatus inmediato de miembro o afiliado, pero sin acceso pleno al mercado único ni al presupuesto comunitario hasta que complete todos los ajustes económicos y sociales necesarios.
La cebolla europea
Este enfoque daría lugar a una Unión Europea de múltiples niveles, concepto que el primer ministro belga, Bart de Wever, describió recientemente como la "cebolla europea": un bloque formado por un núcleo y varias capas externas, donde los países que adoptan una integración profunda se benefician más de la pertenencia comunitaria. Sobre este modelo de integración diferenciada, Rodríguez recuerda que ya existen ejemplos como el euro o el espacio Schengen, y que la integración gradual permitiría "reforzar el apoyo europeo a Ucrania sin otorgar la plena membresía ante un proyecto que requiere de reformas". Sin embargo, cualquier cambio de este tipo requiere un tratado de adhesión especial ratificado por unanimidad por los 27 Estados miembros.
La oposición de Hungría representa el mayor obstáculo político actual. El primer ministro, Viktor Orbán, ha reiterado que la entrada de Ucrania en 2027 no está sobre la mesa, citando preocupaciones sobre la corrupción, los derechos de las minorías y el riesgo que supone para la propia seguridad nacional financiar o armar a un país en guerra. Para mantener el impulso en el proceso de adhesión frente a este bloqueos político, la UE y Ucrania acordaron un plan de acción de diez puntos diseñado para acelerar las reformas clave en Kiev. La iniciativa permite que el país avance con los cambios necesarios incluso mientras las negociaciones oficiales siguen paralizadas.
Con el apoyo de la Comisión, Kiev implementará los ajustes previstos –un proceso conocido como "frontloading" o precumplimiento– con la esperanza de que, cuando Budapest levante su veto, gran parte del trabajo ya esté hecho y la integración pueda completarse de manera más ágil. El plan detalla las medidas que Ucrania deberá aplicar en el próximo año para consolidar el Estado de derecho, reforzar la independencia del Poder Judicial y avanzar en la lucha contra la corrupción, pilares esenciales para su posible adhesión a la UE. La urgencia de estas reformas se volvió especialmente evidente tras la controvertida ley que el Gobierno ucraniano presentó y luego retiró durante el verano, que habría debilitado la autonomía de dos organismos anticorrupción fundamentales.
Un reto estructural
El reto, sin embargo, no es solo ucraniano, sino de la propia estructura de la Unión. Rodríguez subraya que "la reforma de los tratados es más que necesaria" porque gestionar una Europa de más de 30 países con las reglas actuales sería inviable. La principal traba es el sistema de unanimidad, que otorga a cada Estado miembro un derecho de veto individual. Por ello, la experta advierte de que es necesario transitar hacia la "mayoría cualificada" en decisiones críticas de política exterior. Este sistema –que ya se usa en otras áreas de la UE– permitiría aprobar medidas si cuentan con el respaldo de un porcentaje amplio de países que representen a la mayoría de la población, evitando que el proceso de adhesión o las sanciones internacionales queden sujetas a los intereses nacionales.
Sin embargo, la transición hacia este nuevo diseño sigue siendo compleja. Bien lo sabe Kiev, que busca desde 1994 integrarse en el bloque comunitario. Para cambiar las reglas del juego se necesita, precisamente, un consenso total. La comisaria de Ampliación, la eslovena Marta Kos, plantea blindar los futuros tratados con "salvaguardias más estrictas contra el retroceso en los compromisos asumidos durante las negociaciones de adhesión". El objetivo es que estas garantías funcionen como un escudo para la cohesión de la Unión, asegurando que la urgencia de la ampliación no comprometa los estándares del bloque comunitario.