Emilio Viciana, el consejero cesado que denunció en 2024 un caso de corrupción que afecta al núcleo duro de Ayuso

El cese de Emilio Viciana, hasta el lunes consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha desencadenado una crisis política en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Viciana, que no se ha pronunciado más que en redes sociales para despedirse, puntualizó en X que el cese ha sido “a petición propia”. La pregunta ahora es ¿por qué?

Su marcha ha espoleado a su vez la marcha de varios diputados y altos cargos, incluida la de su mentor y otrora gurú educativo de Ayuso, Antonio Castillo Algarra. Ha supuesto una dimisión en bloque a modo de protesta muy poco habitual en la política. El propio Algarra ha señalado en público al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, tras la salida de toda esta facción del gobierno, apodada en el PP de Madrid como “los pocholos”. Ha llenado el vacío el ala dura y clásica del PP de Madrid.

La Comunidad no ha dado una justificación detallada sobre los motivos del cese, pero algunas fuentes sitúan la pérdida de confianza de Ayuso en la falta de avances en la nueva ley universitaria, que ha anunciado que modificará tras la salida de Viciana. En el pasado de Viciana hay otro posible detonador al que la Comunidad de Madrid no se ha referido en público. Un caso de presunta corrupción destapado en 2024 por Viciana.

Todo empezó a finales de 2023, con la llegada de un burofax a la Consejería. Lo enviaba un empresario que aseguraba que le debían 1,6 millones de euros por hacer un centro sanitario de prácticas de FP en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar en 2021 y que no le habían pagado. La insistencia del empresario hizo que fueran a buscar el expediente. Según explicó en ese momento la Consejería, la sorpresa fue que el expediente no existía. Simplemente porque esa obra se había hecho fuera del sistema legal y sin ningún control: “Se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica”, explicaba en 2024 la consejería de Viciana.

El consejero encargó una investigación que halló graves irregularidades: la construcción del edificio se había dado a dedo, sin licitar, pese a que había costado 2,5 millones. Para poder pagar sin levantar sospechas se habían fracturado los pagos, como si se tratara de trabajos independientes en vez de un edificio completo, cuya magnitud económica obliga a sacar a concurso público.

El 13 de marzo de 2024, la Consejería envió un escrito a la Fiscalía con los hechos descubiertos, alertando de indicios de ilegalidad y abriendo la puerta así a un caso judicial que afectaba al PP. En definitiva, se trataba de una denuncia de un consejero de Ayuso contra algo que sucedió bajo el mando de personas de confianza de Ayuso.

Además, Viciana decidió seguir adelante con todas las consecuencias y trasladó al ministerio fiscal un segundo caso (revelado por elDiario.es), el de la Escuela de Arte de Alcalá, hecha con el mismo sistema ilegal. Viciana encargó otras auditorías de centros para conocer la magnitud del escándalo. elDiario.es desveló a lo largo de su investigación al menos otros nueve casos de centros escolares que se construyeron ilegalmente.

Ossorio y Albert, en la diana

Todos estos movimientos llamaron la atención dentro del búnker del Gobierno de Ayuso. Llevar el caso a la Fiscalía ponía en apuros a dos personas clave en el entorno de la presidenta. Por una parte, a Enrique Ossorio, consejero de Educación en la época del escándalo. Ayuso lo nombró después vicepresidente del gobierno madrileño y actualmente preside la Asamblea de la Comunidad, la segunda autoridad de la región. Es una persona de su máxima confianza.

Con su paso adelante, Viciana también ponía en apuros a Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda y, cuando sucedieron los hechos (entre 2021 y 2023), viceconsejera de Educación y mano derecha de Ossorio. Albert era quien controlaba Educación de facto, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería. Actualmente, es otro de los pesos pesados de Ayuso, responsable de su política fiscal de bajos impuestos.

Después de varios meses de pesquisas, la Fiscalía encontró “groseras y palmarias” omisiones del procedimiento legal, investigó más centros, apuntó a una concertación más arriba de los directores de instituto y pasó toda la investigación al juzgado 39 de Madrid, después de que Podemos presentara una denuncia ante los juzgados, por lo que tuvo que inhibirse a su favor. La jueza encargada, que admitió a trámite la denuncia en octubre de 2024, ha pedido una prórroga para investigar, ha citado a los directores de siete institutos más y ha llamado a declarar como investigado a un alto cargo de Ayuso de esa época.

La constatación de que el caso judicial avanza y que la jueza está apuntando hacia la primera línea de la Consejería de Educación ha agravado un malestar dentro del núcleo duro de Ayuso que se inició hace casi dos años, cuando recibieron atónitos la noticia de que uno de los suyos había denunciado una prevaricación del anterior gobierno de la presidenta.

Lo cierto es que la gestión de Viciana con el escándalo FP –airear las irregularidades y llevarlas a la justicia– va en contra de los postulados comunicativos que defienden Ayuso y Rodríguez cuando un caso afecta al gobierno: negarlo, desviar la atención o atacar a los denunciantes. Por ejemplo, es la estrategia utilizada en el caso de las residencias donde murieron mayores sin atención sanitaria (llamó a los familiares “plataforma de frustrados”), el fraude fiscal de su novio (dijo que Hacienda le debía dinero a él) o, recientemente, el presunto abuso sexual y laboral de una concejala de Móstoles, que la presidenta calificó de caso fabricado contra el PP.

Por contra, Emilio Viciana decidió trasladar el caso de presunta prevaricación a la justicia, aunque en ese momento limitó la responsabilidad a un subdirector de FP y varios directores de FP, a los que expedientó. Ahora, tanto la Fiscalía como el juzgado de instrucción han visto indicios que seguirán investigando y que pueden acabar afectando a cargos de la anterior Consejería de Educación, que él heredó en 2023 y, por tanto, podría acabar afectando a la presidenta políticamente, que no ha hecho mención nunca al escándalo el público, aunque la Comunidad de Madrid se ha personado como perjudicada en la instrucción.

El portavoz del Gobierno de Madrid ha rechazado ahondar en las razones del cese o valorar las dimisiones en bloque. elDiario.es ha contactado con Emilio Viciana, que ha preferido no hacer declaraciones. Algarra y los diputados dimitidos también han sido contactados sin obtener respuesta.

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