Nuevo frente del PP en las CCAA contra la regularización masiva
No cejará el Partido Popular en su empeño de frenar el decreto de regularización masiva de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, que se encuentra en fase de alegaciones, a expensas del visto bueno (o no) del Consejo de Estado para su entrada en vigor.
Una vez más, las comunidades del PP hacen frente común con una enmienda a la totalidad del texto.
Todas y cada una de ellas han presentado las mismas peticiones: la primera, que se retire. A partir de ahí, una «reforma de las vías legales de entrada y de regularización ordinaria, orientando la inmigración hacia sectores con necesidades reales de mano de obra y cualificación»; la implementación de un modelo «basado en criterios objetivos y verificables, compatible con el Derecho de la Unión Europea» o la «convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Inmigración».
A juicio de todos los Ejecutivos populares, el texto pactado entre Moncloa y Podemos entraña graves riesgos para nuestro sistema. Por lo pronto, apuntillan desde Génova, por lo que supone introducir en el sistema a un elevado número de personas que, presumiblemente, están en una situación de vulnerabilidad: «Puede tener un impacto muy directo en los servicios públicos que gestionan las comunidades y ayuntamientos».
Es decir, la sanidad o la educación, que ya se encuentran en una situación crítica por la presión que soportan. Por otro lado, las comunidades populares consideran «improcedente» la medida por la manera en la que se va a llevar a cabo: mediante Real Decreto, por la vía de urgencia y sin el debido debate parlamentario.
Y, para más inri, sin un análisis en rigor que arroje datos reales del alcance que va a tener: «No parece sensata una medida así sin cuantificar cuántas personas van a estar implicadas». Otros argumentos: que contraviene la política migratoria europea y «en lugar de combatir a las mafias, las están alentando», con un efecto llamada que premia la «ilegalidad».
Si en su propuesta migratoria, el PP pedía para justificar el arraigo un requisito tan elemental como la lengua materna, el castellano, ayer la Generalitat de Cataluña anunció que presentaba una enmienda al decreto de regularización –pactada con ERC– para pedir lo propio con el catalán. Sin embargo, el Gobierno enmendó a Salvador Illa y matizó que el decreto aprobado no contemplará tal requisito.