A diez años del 21F
Los gobiernos de Evo Morales con inicio en enero de 2006 deben diferenciarse nitidamente en dos tiempos. El primero desarrollado entre 2006 y 2016, período en que el MAS-IPSP gana tres elecciones (diciembre de 2005, diciembre de 2009 y octubre de 2014) y el segundo tiempo, de febrero de 2016 a noviembre de 2019 que termina con elecciones nacionales anuladas y con Morales dejando el poder, producto del golpe de Estado ampliamente analizado en estos últimos cinco años.
El primer tiempo del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) que se extiende durante una década, es el tiempo de las transformaciones estructurales que comienzan a debatirse a partir de la Agenda de Octubre de 2003, que van desde la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política del Estado, pasando por la llamada nacionalización de las empresas estratégicas que pasan a sujetarse a la gestión y a la administración estatal y configurando un país en el que se incorporan a su funcionamiento institucional a amplios colectivos indígenas y campesinos a través de un nervio motor que adquiere forma orgánica con el Pacto de Unidad que nuclea a las principales organizaciones sociales que estructuran un bloque nacional popular que en tiempos del neoliberalismo interpelaba al poder a través de grandes marchas por las carreteras y bloqueos de caminos para hacer escuchar su voz sobre la necesidad de transformaciones con mayorías nacionales accediendo a la vida pública y a los escenarios de decisión en materia de políticas de Estado.
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El segundo tiempo del MAS – IPSP, cuando el país gozaba de una envidiable estabilidad económica con reglas de juego para la inversión extranjera favorables al interés nacional, se inaugura con la convocatoria a un referéndum marcado para el 21 de febrero de 2016 con el objetivo de plebiscitar la aceptación o rechazo a una tercera repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones previstas para el año 2019. El resultado de dicha consulta popular no admite dudas: Los votos por el No suman algo más de un 51 por ciento y en principio el gobierno, admitiendo la derrota, comienza a pensar en el candidato que debería surgir de filas oficialistas para buscar la continuidad y la sostenibilidad del llamado Proceso de Cambio.
Transcurridos veinte meses de la realización del referéndum, el entorno de confianza de Evo Morales, se dedica a explorar los caminos –o subterfugios—jurídico constitucionales para insistir con la repostulación para una tercera reelección y un cuarto mandato, y producto de esa búsqueda es que luego de comunicarles la decisión al conjunto de parlamentarios masistas de más confianza, todos ellos pertenecientes a las clases medias urbanas que operan el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional , el 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional dictamina carta blanca para la reelección a través de la utilización del Pacto de San José que “dicen que dice” que ser candidato a la presidencia es un derecho humano que ninguna estructura jurídico constitucional puede impedir.
De esta manera, con el Tribunal Constitucional instrumentalizado, es la primera y hasta ahora única vez que se vulnera, desde 1979, en cuatro décadas de historia electoral boliviana, una decisión ciudadana producto de su pronunciamiento en las urnas a través de un referéndum. La sensación que empieza a expandirse y a cobrar fuerza interpeladora es que a través de una tramoya entre el poder gubernamental y la institución encargada del control constitucional, se le ha metido la mano al bolsillo a la gente y se le ha robado el voto, y consecuentemente la decisión de rechazar la búsqueda de prorroguismo de Evo Morales en el poder.
En este segundo tiempo de administración Evo-masista en el gobierno, 2016 se constituye en el año en que comienza el declive en lo concerniente a la potencia y a la eficacia gubernamental. Previa a la derrota sufrida por Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero, se destapa el escándalo Zapata y en los pasillos de la política en los que manda el ‘off the record’, comienza a regarse información en sentido de que Evo Morales no sólo habría embarazado a Gabriela (Zapata) que por entonces sostenía vínculos laborales con la empresa china CAM-C, sino que también habría enredado a su círculo íntimo, a otra menor de edad procedente de la ciudad de Yacuiba a la que también habría embarazado.
2016 es por tanto un año maldito para Evo Morales que busca remediar con la decisión de convertirse a la mala en candidato veinte meses después, para dos años más tarde ser acusado de haber montado un fraude electoral que precipita la anulación de las elecciones del 20 de octubre de 2019 y el golpe de Estado perpetrado entre el 10 y el 12 de noviembre, veinte días después de iniciada una movilización de ciudadanos de la clase media urbana que terminaría con amotinamientos policiales y las Fuerzas Armadas impugando al poder constituido, pidiendo la renuncia del Presidente del Estado.
(*) Julio Peñaloza Bretel es periodista.
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