Niño Becerra, economista: "Una persona que gana 150.000 euros al año no tiene derecho a ayudas de transporte"
El impulso de bonos de financiación pública se ha convertido en una de las herramientas centrales del Gobierno para reforzar el estado de bienestar y ampliar el repertorio de ayudas en ámbitos como la vivienda, la crianza, la energía o la movilidad. En los últimos años se han articulado medidas como el bono social eléctrico, las ayudas al alquiler o las rebajas extraordinarias en el transporte público para mitigar el impacto de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los hogares. La lógica que subyace a estas iniciativas es aumentar la cobertura de servicios esenciales mediante apoyo directo financiado con recursos públicos, con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar derechos básicos en un contexto de incertidumbre económica.
Dentro de este marco destaca el abono único de transporte impulsado por el Gobierno y anunciado por el presidente Pedro Sánchez, que entró en vigor el 19 de enero. Según la información oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se trata de un título personal e intransferible válido durante 30 días que permite viajes ilimitados en los servicios estatales de transporte terrestre, incluidos Cercanías, Media Distancia de Renfe y autobuses de titularidad estatal. El precio general es de 60 euros al mes y de 30 euros para jóvenes menores de 26 años, con el objetivo de simplificar el sistema tarifario y fomentar el uso del transporte público.
Este tipo de ayudas abre un debate recurrente en la sociedad. Por su parte, sus defensores sostienen que favorecen la cohesión social, incentivan hábitos más sostenibles y alivian la carga económica de millones de ciudadanos, especialmente quienes destinan una parte importante de sus ingresos al transporte diario. En cambio, sus detractores cuestionan su coste presupuestario y plantean si resulta justo que la ayuda se aplique por igual a todos los usuarios, con independencia de su nivel de renta, en lugar de focalizarse en los colectivos más vulnerables.
Niño Becerra opina sobre el reparto igualitario de ayudas
Niño Becerra, economista referencia en el sector y catedrático en estructura económica, analiza desde su perspectiva personal y técnica cómo deberían conformarse esta clase de ayudas en el programa de radio La Ventana de la Cadena Ser, por medio de un debate con el presentador Carles Francino y varios tertulianos. "Lo digo con todas las letras y todas las palabras: una persona que gana 150.000 euros al año no tiene (debería tener) derecho a ayudas de transporte, no tiene derecho a que le reduzcan el IVA del queso", comienza explicando el profesional de la economía.
De esta manera, el experto se muestra tajante ante el reparto igualitario sin tener en cuenta el nivel de renta de las familias y los ciudadanos más necesitados. "Las ayudas tendrían que darlas con nombres, apellidos y dirección postal, y lo digo así de claro", comenta. Por ende, el sistema que propone Becerra se centra en un modelo unipersonal en el que se estudie cada caso o se pongan unos límites patrimoniales para conseguir un reparto de riqueza más igualitario. Sin embargo, tal y como ha mencionado anteriormente, según su criterio, otra clase de beneficios, como los descuentos impositivos en alimentación, tampoco deberían estar al alcance de los más pudientes.
Regular el pago de impuestos por el uso
Por otro lado, indaga en la propuesta que le hace el periodista sobre modelo de peajes que está sugiriendo la Cámara de Comercio de Barcelona, que relaciona pagos por usos. "Si yo me desplazo con mi vehículo, que pesa tres toneladas y media, que está trucado y tuneado, y no sé cuantas cosas más, a Sitges, a la playa, yo tengo que pagar, tengo que pagar", sentencia. De esta manera, la carga fiscal se centraría, sobre todo, en aquellos contribuyentes que verdaderamente empleen dichas vías, recalcando la trascendencia del pago de impuestos para la sostenibilidad del transporte.