Una presidencia interina sin pretensiones de originalidad
La censura del presidente encargado del Ejecutivo, José Jerí, selló finalmente el desenlace de una gestión que nunca debió concretarse. Su salida evidenció el agotamiento de una fórmula sostenida por mayorías de talante autoritario y prácticas mafiosas, que hoy exhiben el mismo deterioro que acompañó su designación. En ese sentido, Jerí fue producto de una arquitectura congresal precaria.
Lo que ocurre es que los partidos que impulsaron su encargo enfrentan ahora un caudal electoral disminuido y actúan bajo la presión de una competencia fragmentada que ellos mismos contribuyeron a moldear durante el último quinquenio. Esa fragmentación fue alimentada por vacancias sucesivas y censuras estratégicas, así como por reformas institucionales inconclusas que terminaron por erosionar la estabilidad política. Por lo tanto, ante los discursos maniqueos de algunos parlamentarios que buscan la reelección, hay que recordarles que el presente deterioro es el resultado acumulado de decisiones políticas adoptadas por ellos mismos.
No obstante, el momento tiene un carácter singular, ya que quien encabece la Mesa Directiva del Congreso asumirá también la conducción del Ejecutivo, nuevamente. Las listas en competencia están encabezadas por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgard Reymundo y José María Balcázar, las cuales expresan la pugna por recomponer una mayoría operativa en el Parlamento. Sin embargo, la elección exige un mínimo de 67 votos, cifra que obliga a una convergencia explícita entre bancadas.
En vísperas de una elección fragmentada, el control del Ejecutivo interino representa tanto una oportunidad como un riesgo. Administrar la transición ofrece capacidad de influencia, pero también expone a desgaste y a un eventual costo electoral.
Ese arreglo parlamentario, debilitado por años de confrontación y dispersión normativa, atraviesa una etapa de franca decadencia.
El país requiere una base mínima de certidumbre para afrontar unos comicios complejos. La atomización del sistema político constituye uno de los principales factores de la crisis múltiple que sufre el país. En este contexto, la jefatura encargada debe adoptar una orientación precisa: conducir elecciones transparentes y seguras, además de activar la gestión de prevención ante el fenómeno de El Niño confirmado. Para todo lo demás, carece de legitimidad popular.
Una presidencia sin pretensiones de originalidad implica, de esta manera, una decisión deliberada de anteponer la estabilidad al protagonismo. En un Parlamento desgastado y un sistema político tensionado, la responsabilidad institucional representa el aporte más relevante y el menor costo político de quien asuma el encargo.