Moncloa protege a Sánchez de su 'amigo' Borja Cabezón y convierte el caso en una polémica del pasado
Moncloa ha creado este martes un escudo de protección sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo vuelve a estar cuestionado políticamente por un caso que afecta a uno de sus hombres de máxima confianza: el adjunto a la secretaría de organización del PSOE, Borja Cabezón.
Según desveló este lunes El Confidencial, Cabezón —amigo personal del líder socialista— se habría valido de una estructura de evasión fiscal para no pagar la totalidad de los impuestos que le habría correspondido abonar por su actividad privada.
Todo el esfuerzo del Gobierno ha sido el de desvincular a Cabezón del propio Ejecutivo e intentar cerrar el caso reduciéndolo a la categoría de polémica del pasado. No obstante, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha presentado el anteproyecto de ley de integridad pública, se ha avenido a pronunciar el nombre de Cabezón.
"¿Se refiere a Borja Cabezón? Esta persona ni está investigada ni tiene imputación ni ningún tipo de cuenta pendiente con la administración de Justicia. (…) En el ejercicio de su actividad privada hace más de diez años, tenía relación con empresas de asesoramiento fiscal y financiero. (…) Poco más hay que decir de esta materia", ha explicado Montero, remitiéndose además a un comunicado del propio afectado.
La gestión comunicativa del caso responde a una estrategia de aislamiento y contención. El Ejecutivo ha optado por una defensa estrictamente técnica —subrayar que no existe investigación judicial y que los hechos se remontan a más de una década— sin convertir el asunto en una causa política propia. El silencio del entorno presidencial y la ausencia de respaldo explícito refuerzan la idea de que se trata de una actuación privada ajena al presidente.
En paralelo, se ha evitado vincular políticamente al implicado con el jefe del Ejecutivo, diluyendo el componente personal que eleva el coste reputacional para Sánchez. La respuesta pública busca normalizar la actividad encuadrándola en el asesoramiento fiscal habitual y cerrar el debate sin amplificarlo. No deja de ser significativo que no haya habido ataque frontal a quienes informaron ni una defensa enfática, sino una voluntad de enfriar la controversia y comprobar si pierde tracción mediática.