Tomógrafos en Rebagliati y Almenara generaron riesgos a la salud y perjuicio de S/12 millones, advierte Contraloría
La Contraloría General de la República detectó que funcionarios y servidores de los hospitales Hospital Edgardo Rebagliati Martins y Hospital Guillermo Almenara Irigoyen aprobaron la recepción e instalación de dos tomógrafos computarizados de alta gama que no cumplían con las especificaciones técnicas del contrato ni con lo ofertado por el proveedor. Esta situación generó riesgos para la seguridad radiológica de pacientes y personal de salud, afectó la calidad del diagnóstico y ocasionó un perjuicio económico superior a S/ 12.3 millones.
Según los informes de auditoría que abarcan el periodo 2019-2022, diez personas tendrían presunta responsabilidad penal: siete continúan laborando en los nosocomios y tres ya no mantienen vínculo contractual. Las actas de conformidad que suscribieron permitieron formalizar la recepción de los equipos pese a las observaciones técnicas.
Tomógrafos expusieron a pacientes a radiación ionizante
El órgano de control advirtió que el uso de estos tomógrafos expuso innecesariamente a pacientes y trabajadores a radiación ionizante, lo que puede afectar órganos y tejidos dependiendo de la dosis, además de comprometer la continuidad operativa de los equipos y la confiabilidad de los resultados clínicos. El tomógrafo del Rebagliati sigue en funcionamiento, mientras que el del Almenara permanece inoperativo desde agosto de 2025, aunque ambos fueron recibidos entre setiembre de 2020 y enero de 2021.
Durante una supervisión realizada en noviembre último, se constató que no existe sustento técnico que acredite el blindaje radiológico en las salas de tomografía, pese al tránsito cercano de pacientes y personal. Tampoco se hallaron documentos que acrediten que el contratista contara, al momento de la entrega, con las autorizaciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear, requisito indispensable para garantizar condiciones de seguridad, calibración y control dosimétrico.
Asimismo, se verificó la ausencia de sistemas de protección eléctrica, alarmas de temperatura y mecanismos adecuados de ventilación, lo que incrementa el riesgo de fallas, interrupciones en los exámenes y repetición de estudios, con la consecuente mayor exposición a radiación y menor calidad diagnóstica. A ello se suma que los equipos no fueron integrados plenamente al entorno tecnológico hospitalario ni contaron con funciones esenciales, como la fusión de imágenes, herramienta clave para detectar con precisión tumores, enfermedades cardiovasculares y cerebrales.
La comisión de control también identificó que los monitores de las consolas y la mesa del paciente no correspondían a la marca, modelo ni país de origen establecidos en el contrato, pues se entregó equipamiento de procedencia china en lugar de estadounidense. Los hallazgos fueron remitidos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes contra los diez involucrados.
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