Estado y contrapoder, por Marianella Ledesma
La Municipalidad de La Victoria prohibió abandonar vehículos, carrocerías y chatarras en las vías públicas del distrito, pero el Tribunal Constitucional (en mayoría) decidió dejar sin efecto esa prohibición. Dice que la municipalidad distrital se limita a la seguridad y ornato, pero no al parqueo vehicular; por tanto, para el TC: ¡sigamos con la chatarra y el desorden en La Victoria!
En Lima, el local comercial conducido por un ciudadano chino, amigo de José Jerí (encargado de la presidencia de la República), fue clausurado por la Municipalidad Metropolitana de Lima por algunas infracciones al interés general; sin embargo, ese mismo local, a pocos días, fue reabierto luego por mandato de Indecopi bajo el argumento de generar trabas burocráticas con las exigencias municipales.
Estos casos nos muestran a un Estado que prohíbe, por un lado, la chatarra en la vía pública, pero, a la vez, el propio Estado, a través del TC (sentencia 119/2025), dice que esa prohibición es una aberración jurídica y deja sin efecto esa orden municipal. Tenemos a un Estado que ordena el cierre de un establecimiento comercial que no reúne las condiciones de seguridad o salubridad, pero el propio Estado, a través de la entidad administrativa Indecopi, ordena que se reabra el funcionamiento del local comercial.
¡No hay Estado!
He citado esos casos para afirmar que no hay Estado. Vivimos en una historia paralela, donde tenemos un Estado fragmentado, parcelado y que, gracias a esos fragmentos, quien tiene y ejerce el poder suficiente puede encontrar un contrapoder dentro del propio Estado; y ello será posible porque no se tiene un Estado poderoso, unificado, profesionalizado. Tenemos simplemente fragmentos activables según intereses, que no siempre son a favor del ciudadano.
Activar estos fragmentos es una actividad casi normalizada entre los intereses económicos y los intereses públicos, donde no se ve al privado operando; todo lo contrario, se ve a lo público compitiendo, peleándose entre sí, pero el motivador es el interés privado. Véase el caso de la Defensoría del Pueblo que aplaude la sentencia del TC, diciendo que se ha evitado un perjuicio a la población al negar que los municipios distritales aborden la problemática vehicular en sus distritos; por ello, cuando un vehículo obstruya las rampas de accesibilidad para personas con discapacidad o cuando se obstaculice la vía pública con maquinaria de construcción que afecte el libre tránsito vehicular o peatonal, sencillamente hay que recordar que, por mandato del TC, las municipalidades distritales no podrán intervenir, no podrán enviar grúas ni imponer multas para sancionar a estos infractores.
El vecino afectado tiene que ir a buscar a un funcionario del MTC o de las municipalidades provinciales para que retiren los vehículos que obstaculizan su camino, con un claro debilitamiento a la labor de los gobiernos locales y, sobre todo, al disfrute de los espacios públicos por los vecinos.
¿Hay Estado para todos?
Una cosa es el Estado como realidad y otra cómo funciona lo institucional. Cuando el ciudadano se da cuenta de que no todos son iguales ante la ley, busca entonces un contrapoder al Estado oficial y comúnmente lo encuentra en organizaciones paralelas, como la mafia. Ella se convierte en un Estado paralelo. Hay que recordar el pasaje de la novela de Mario Puzo, El Padrino, donde el padre de una joven ultrajada pide justicia no al Estado, sino a Vito Corleone, conocido como “padrino”, porque el Estado, frente a los agresores de su hija, los había condenado, pero estaban en libertad. En la lógica de Vito Corleone, como la función de justicia que se imparte a través del Estado oficial es benévola, entonces nosotros te la damos, y eso es lo que te ofrece el Estado paralelo: seguridad, protección, justicia, con sus propios códigos. Las personas que se acercaban a Corleone no era para hacer negocios, sino para pedir su protección, para buscar justicia, pero con la condición de que “si algún día, puede ser que no llegue, tenga que acudir a ti, tendrás que servirme”; ese es el precio.
La estructura oficial del Estado es ideológica: el Estado es igual para todos, para todos los ciudadanos peruanos, pero eso es formal, no es real. La estructura ideológica oculta la estructura real, que dice: hemos establecido un puente que funciona muy bien entre intereses privados que son capaces de redirigir la acción del Estado. Y esos intereses privados están controlados, estructurados, formalizados; como dice el profesor Joan Lara, “Lo formal es un trocito del poder real.”
Dicho esto, a Jerí se le ha investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual, denuncia que ha terminado archivada, sin encontrar mayor responsable de la agresión; esa es la respuesta formal e institucional desde el Estado hacia la víctima; me pregunto: ¿esa respuesta hubiera sido igual si Jerí no tuviese poder? Si Aladino Gálvez no hubiera retornado al Ministerio Público, ¿se hubiera archivado el caso? ¿Iría a la cárcel como cualquier persona normal, frente a los diversos ilícitos que se le imputan? Definitivamente no; como tiene poder —por el cargo y posición que ocupa en el escenario político— se blinda haciendo uso de ese poder real, que se traslada a lo institucional, y bajo justificaciones de la “investidura presidencial” invocada por el T. C., se le permite hacer y deshacer de las arcas del país, a vista y paciencia de todos los ciudadanos.
Ese poder real es capaz de redefinir o hacer que funcione de otra forma lo institucional; incluso si se tiene que cambiar una norma o pedir que el Tribunal Constitucional diga lo que quiere que diga, se tendrá que decir, se tendrá que cambiar; para eso está presente el poder político.
El problema es que lo institucional ya no es un freno para el poder. No se requiere que cambien instituciones, sino que funcionen de otra manera, de forma asimétrica, y eso es tanto para Jerí como para el funcionario o empresario.
Jerí puede contratar a chicas que le visiten previamente en Palacio de Gobierno; Jerí puede apoyar a empresarios chinos con problemas en las contrataciones estatales; Jerí puede ir y venir generando tráfico de influencias, como lo recordaba su colega Anderson, y no pasa nada, y dudo que pase algo, pues sencillamente Jerí es parte de esa organización paralela al Estado, que articula las piezas del Estado formal para alcanzar fines que hoy más que nunca al Ministerio Público no le va a interesar investigar.
Si el Estado realmente tratara a todos como ciudadanos, estos contrapoderes no tendrían razón de ser; el padrino no tendría por qué ofrecer justicia porque ya la habría obtenido la justicia oficial, pero el problema es que la justicia oficial no es justa, es asimétrica, tiene que ver con la desigualdad social y económica; que lo diga la denunciante de la agresión sexual, si lo que ha obtenido hasta el momento en nuestro país ¿es justicia?
El contrapoder surge ante el fracaso del Estado tradicional y busca equilibrar el poder existente para prevenir abusos y responder a la desconfianza de las instituciones cuando estas fallan en sus funciones; por ello, los medios de comunicación, la justicia estatal, los movimientos sociales y ciudadanos organizados asumen un papel importante contra ese desencanto y desconfianza hacia una clase política ajena al sentir ciudadano.