El juez del 'caso hidrocarburos' envía las declaraciones de Aldama y Pano a la causa de los pagos del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en metálico dentro del PSOE para gastos anticipados. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también traslada la declaración del considerado como chófer de Pano, Álvaro Gallego, y documentación policial.

Aldama declaró el pasado 29 de enero que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Pano, por su parte, ratificó ante el juez Pedraz que había llevado 90.000 euros en efectivo provenientes de Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama, a la sede de los socialistas. Y Gallego manifestó este miércoles que llevó a la empresaria a las inmediaciones de la calle de Ferraz y que ella iba con una bolsa que contenía 45.000 euros en tacos de 5.000 euros, aunque precisó que no llegó a ver a Pano entrar a la sede socialista.

Investiga pagos desde 2017

Pedraz envía el contenido de esas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”. El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”, no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva.