Hay un nuevo sheriff en el pueblo
En el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS, por sus siglas en inglés) de 2025, publicada bajo la administración Trump, el combate al narcotráfico trasciende las fronteras y se erige como un pilar fundamental de la seguridad nacional. Ese documento, que prioriza el America First y reafirma el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, enfatiza la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental para contrarrestar amenazas como el tráfico de drogas, la migración masiva y la influencia extranjera adversa, puntualmente, la de China.
Guatemala, identificada como un país clave de tránsito de narcóticos en la Determinación Presidencial de 2025, representa un frente crítico donde la infiltración de carteles en estructuras estatales no solo desestabiliza la región, sino que pone en jaque la soberanía y prosperidad de EE. UU.
En este contexto, la elección y designación de magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el fiscal general en Guatemala adquieren una dimensión estratégica. Estos organismos son guardianes de la república y el Estado de derecho, pero su captura por actores ligados al narcotráfico —como diputados— facilita la impunidad y perpetúa rutas de drogas hacia el norte. Consultada, la Unidad de Comunicación Estratégica de la embajada de EE. UU. expresó que no apoyan a candidato alguno y que quien diga tener tal respaldo, miente.
Washington busca “enlistar y expandir” alianzas con gobiernos de la región para neutralizar cárteles, incluso mediante despliegues militares selectivos, reemplazando estrategias fallidas de solo aplicación de la ley. Es aquí donde resalta el reciente nombramiento de John Barrett como encargado de negocios en la embajada de EE. UU. en Guatemala.
Diplomático de carrera con experiencia previa en el país, Barrett llega con una misión explícita: impedir que diputados y demás figuras vinculadas al narcotráfico —o favorables a China— incidan en estas elecciones clave. Su rol busca fortalecer la cooperación bilateral en antinarcóticos y anticorrupción, presionando por procesos transparentes que excluyan influencias ilícitas.
Esta postura no es injerencia, sino una respuesta a amenazas compartidas. La NSS 2025 advierte que la debilidad estatal en el sur alimenta crisis en el norte. Si se permite la captura narco de TSE, CC y Fiscalía, no solo se socava la democracia local, sino que se agrava la crisis de opioides en EE. UU., con miles de muertes anuales. Barrett representa una oportunidad para alianzas genuinas: transparencia en designaciones para un Estado fuerte contra el crimen organizado.
Tanto los cuerpos colegiados —la CSJ, el Congreso, el CSU, las comisiones de postulación— como también el Ejecutivo deben tener muy presente que las designaciones que hagan no solo repercuten a nivel local, sino que a la luz de la llamada “doctrina Donroe”, pueden representar una amenaza para la seguridad de EE. UU. En guerra avisada no muere soldado, dice el dicho.