El abogado de Aldama niega que haya pactado con Anticorrupción: "No ha firmado un acuerdo opaco con la Fiscalía"

El abogado de Víctor de Aldama ha negado en el Tribunal Supremo (TS) que el empresario haya cerrado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. En su intervención en la vista previa al juicio, el letrado José Antonio Choclán ha recogido el guante lanzado por el abogado de José Luis Ábalos, que había clamado por que se desvele el "pacto" del investigado -cuya colaboración con la Justicia ha sido clave para avanzar en la investigación por los supuestos amaños de adjudicaciones públicas a cambio de "mordidas"- con el Ministerio Público.

"No ha firmado un acuerdo opaco con la Fiscalía", ha insistido Choclán en su turno de palabra. "No existe ningún acuerdo de conformidad", ha replicado antes de asegurar que están "conformes con los hechos que recoge el escrito de acusación", aunque discrepan de la calificación jurídica de los mismos (las penas que el fiscal pide que se le impongan, que suman siete años de prisión).

Lo que ha hecho Aldama, ha puesto de relieve el letrado, "no es sino un comportamiento procesal previsto en la propia ley", que contempla la "atenuación penal" para aquellos investigados por pertenencia a organización criminal que colaboren para desentrañar su estructura.

"Un limbo jurídico"

Por su parte, el abogado de José Luis Ábalos ha defendido en la vista previa al juicio del "caso mascarillas" la "falta de competencia sobrevenida" del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos una vez el exministro ha perdido su aforamiento tras renunciar a su condición de diputado. En su intervención ante la Sala, el letrado Marino Turiel ha negado que Ábalos decidiese renunciar a su acta como "táctica dilatoria", que ha atribuido a motivos económicos.

Según ha puesto de relieve, tras su imputación el exdirigente del PSOE quedó en el Congreso de los Diputados "en tierra de nadie", en un "limbo jurídico", casi convertido en un paria -ha dicho-. "En esas condiciones renuncia al acta", ha subrayado.

La defensa de Ábalos ha insistido en que el Tribunal Supremo "no es el juez predeterminado por ley" y se ha quejado de que el auto de imputación se constituyó "sin soporte probatorio".

Asimismo, ha instado a la Fiscalía Anticorrupción a explicar "en qué ha consistido" el "trato" con el empresario Víctor de Aldama, para que el Ministerio Público reclama siete años de prisión frente a los 24 y 19 y medio que reclama para Ábalos y Koldo García, respectivamente.

Ábalos, investigado estando "protegido"

Turiel ha protestado también porque el exministro comenzó a ser investigado "estando protegido" por su aforamiento -antes de que el Tribunal Supremo solicitara al Congreso su suplicatorio-, aludiendo a la queja del exministro de que la Unidad Central Operativa (UCO) "interceptó" su "correspondencia privada" siendo aún aforado, al acceder a un sobre que llevó a su domicilio Joseba García, hermano de Koldo. En esa misma línea, su abogado se ha quejado de que se le intervino su correspondencia "sin cobertura alguna".

El letrado -que ha respaldado la petición de la abogada de Koldo instando al tribunal a acudir a la Justicia europea- también aprecia una "vulneración del principio de igualdad de armas" al no haber tenido un "completo acceso al contenido de las actuaciones". "La causa se ha cerrado sin entregar los dispositivos", se ha quejado, por lo que reclama la nulidad del auto de apertura de juicio oral.

Ábalos y Koldo García han comparecido en el Tribunal Supremo por primera vez desde que el 27 de noviembre del pasado año el magistrado Leopoldo Puente acordó su prisión provisional por "extremo" riesgo de fuga, una decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala de Apelación del alto tribunal.

A la vista también ha intentado asistir el abogado de Santos Cerdán, pero la Sala le ha negado la condición de parte en el procedimiento. El letrado se quejó de que al abordarse cuestiones que afectan al procedimiento en el que está imputado el exdirigente socialista no permitirle estar presente le provoca indefensión.

A regañadientes

Ambos han acudido a la vista preliminar a regañadientes, tras intentar asistir por videoconferencia esgrimiendo diferentes dolencias (lumbalgias de repetición y depresión en el caso del exministro). Pero el Supremo rechazó sus pretensiones y les recordó que con la ley en la mano están obligados a asistir presencialmente a esta jornada previa al juicio del "caso mascarillas", en la que se ventilan las quejas de las defensas sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Además, sus defensas han intentado hasta el último momento cuestionar la competencia del Tribunal Supremo, una vez Ábalos renunció a su condición de diputado y perdió su aforamiento, con sendos escritos reclamando que la causa se traslade a la Audiencia Nacional (e incluso con una petición de última hora al TS instándole a plantear una cuestión prejudicial al TJUE por parte de la abogada de Koldo), donde se derivó la investigación por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones después de que el ex secretario de Organización del PSOE renunciase a su acta parlamentaria.

No sucedió así con el "caso mascarillas", la primera pieza del "caso Koldo" que irá a juicio (todavía sin fecha, aunque previsiblemente a partir del próximo abril), pues el Supremo tiene establecido que una vez abierto juicio oral el aforamiento queda definitivamente fijado al margen de que el aforado pierda el aforamiento. Y en este caso no solo se había dictado ya el auto de apertura de juicio oral cuando Ábalos perdió su condición de diputado, sino que Fiscalía y acción popular ya habían presentado sus escritos de acusación.