Protección estatal desplazada: los hilos que no se ven, por Susana Chávez
En el Perú estamos presenciando algo profundamente alarmante: niñas y adolescentes víctimas de violación, declaradas en abandono y bajo protección estatal, terminan siendo derivadas o acogidas en instituciones privadas con una agenda ideológica explícita, donde el foco parece estar en que “den a luz”, antes que en garantizar plenamente sus derechos.
El caso del refugio vinculado a la congresista y pastora Milagros Jáuregui de Aguayo —presentado públicamente como un espacio donde niñas gestantes producto de violación son acogidas para continuar el embarazo— no es un episodio anecdótico. Es una señal de advertencia sobre el funcionamiento del sistema de protección estatal y sobre un riesgo mayor: que el Estado empiece a delegar su deber de cuidado en espacios donde la prioridad no es el interés superior de la niña, sino una moral impuesta.
El Ministerio de la Mujer anunció acciones de supervisión. Pero la pregunta central sigue sin responder: ¿cómo llegamos a este punto?
Historias que jamás deberían repetirse
Quienes creen que esto es solo una controversia local olvidan una verdad histórica: en muchos países, cuando los Estados entregaron niños y niñas a instituciones administradas por órdenes religiosas o redes privadas sin control real, lo que siguió fueron décadas de abuso, silencio e impunidad.
Irlanda tuvo que enfrentar el horror de los llamados “mother and baby homes”, donde mujeres y niñas fueron confinadas y donde se descubrieron prácticas sistemáticas de negligencia y maltrato. Canadá documentó, mediante su Comisión de Verdad y Reconciliación, el daño masivo producido por las escuelas residenciales administradas en gran parte por iglesias, financiadas por el Estado.
Australia y el Reino Unido también han debido instalar comisiones nacionales para investigar abusos sexuales en instituciones cerradas, muchas de ellas religiosas, concluyendo que el problema no era solo de “personas malas”, sino de sistemas opacos sin supervisión efectiva.
La lección es brutal: cuando el cuidado se convierte en encierro moral y cuando no existen contrapesos institucionales, el abuso se vuelve un riesgo estructural.
En el campo de la protección infantil, la buena voluntad no basta
En el cuidado infantil tutelado, la buena voluntad no es suficiente. Existen protocolos y estándares internacionales obligatorios.
El derecho internacional ha desarrollado recomendaciones precisas sobre las condiciones mínimas que deben cumplir las instituciones que cuidan niños y niñas en abandono o bajo protección estatal.
Las Directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado establecen que la institucionalización debe ser excepcional, que toda derivación debe estar debidamente justificada y que el Estado debe garantizar supervisión, licenciamiento, evaluación periódica y mecanismos de denuncia accesibles.
Esto implica algo muy concreto: ningún centro puede recibir niñas bajo tutela estatal solo porque “quiere ayudar” o porque tiene respaldo político o religioso. Debe demostrar idoneidad, estándares profesionales y capacidad real de protección integral.
Niñas gestantes por violación: cuidado integral, no imposición
Cuando hablamos de niñas embarazadas producto de violación, el deber estatal es aún más exigente. No se trata solo de techo y comida. Se trata de salud física y mental, acompañamiento psicosocial, continuidad educativa, protección judicial, privacidad absoluta y acceso a toda atención legal disponible, incluyendo la interrupción terapéutica del embarazo cuando existe riesgo de daño grave y permanente.
En estos casos, no hay riesgo que “probar”: la evidencia es clara. Obligar a una niña a continuar un embarazo forzado es exponerla a un daño innecesario. Algo que nadie aceptaría para sus propias hijas.
La pregunta inevitable: ¿quién financia y quién fiscaliza?
El Congreso ha insistido en controlar a las ONG bajo el argumento del lavado de activos y la transparencia. Y los impulsores más férreos han sido, como era previsible, el fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, y todos los que forman hoy en día la mayoría unicorde, todos muy interesados en neutralizar a la sociedad civil reclamona.
Pero resulta inevitable preguntarse: ¿por qué ese celo fiscalizador no se aplica con el mismo rigor a instituciones privadas o religiosas que pretenden asumir tutela de niñas bajo protección del Estado?
Lo natural hubiese sido que, enterados de estos hechos, exigieran explicaciones inmediatas al MIMP y al sistema de protección. Pero eso no ocurrió.
La tutela no es un asunto religioso. Es un servicio especializado de protección de derechos fundamentales. Y debe estar sometido a los más altos estándares del Estado, también en materia financiera, para evitar cualquier forma de opacidad.
Lo que toca hacer
Este escándalo exige respuestas urgentes. Ninguna niña debe estar en mayor riesgo del que ya enfrenta.
Por ello, el país necesita:
- Aprobar un protocolo integral para niñas gestantes víctimas de violación, conforme a estándares internacionales.
- Difundirlo y aplicarlo en el sector salud y en las instituciones encargadas de la protección estatal, incluyendo a las escuelas.
- Garantizar que solo instituciones acreditadas, supervisadas y con personal calificado puedan recibir tutela.
- Suspender derivaciones a centros no acreditados.
- Establecer inspecciones inopinadas y publicación de resultados.
- Crear mecanismos independientes de queja para niñas bajo custodia.
- Exigir transparencia y trazabilidad financiera para toda institución que reciba menores bajo protección estatal, sin excepciones confesionales.
Porque un Estado democrático no entrega niñas. Las protege.