Imponen impedimento de salida y presentación periódica a tres administradores de Barra Payán
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso medida de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica contra los tres administradores de la empresa Barra Payán, imputados de sustraer cerca de RD$40 millones de la compañía.
Se trata de los administradores Marcos Frías García, Juan Frías García y Dagoberto Cabrera, quienes deberán presentarse los días 20 de cada mes ante el Ministerio Público, órgano investigador del caso, tras ser imputados de presunto abuso de confianza y estafa en perjuicio de la referida empresa.
Asimismo, la magistrada advirtió al Ministerio Público que tiene un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar acusación formal en la fase preliminar contra los implicados, señalados de presuntamente desviar RD$39,784,661.18 para su beneficio.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el modus operandi de los imputados consistía en no depositar la totalidad del dinero producto de las ventas en las cuentas de la empresa.
Cada año se detectaban diferencias significativas entre los cuadres manuales realizados por las cajeras y los montos finalmente depositados en las cuentas corporativas.
El expediente establece que estas irregularidades ocurrieron durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Los imputados habrían cometido abuso de confianza en perjuicio de los propietarios y otros socios de la empresa, logrando un desfalco ascendente a RD$39,784,661.18, detectado tras la realización de una auditoría interna.
A través de estas acciones, los administradores habrían desviado fondos y activos de la empresa Barra Payán por una suma cercana a RD$40 millones.
La magistrada conoció la solicitud de medida de coerción luego de que los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación rechazaran la recusación presentada contra la jueza Veloz. La recusación fue interpuesta por el abogado de uno de los querellantes, quien alegó falta de imparcialidad; sin embargo, los magistrados de la Corte determinaron que la jueza actúa conforme a la ley.
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