El Supremo comunica la entrada de Vicente Magro en el tribunal que juzgará a Ábalos
Giro en la composición de los magistrados que juzgarán al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García y el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama. El Tribunal Supremo ha informado de la entrada del magistrado Vicente Magro que sustituirá a la progresista Ana Ferrer.
Según ha recogido Europa Press, citando una providencia, el cambio se produce atendiendo a "las necesidades del servicio, documentalmente acreditadas en modo suficiente", y se elige a Magro ya que es el siguiente en la lista para ser escogido. De esta forma, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, junto a los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Vicente Magro, Eduardo de Porres y Javier Hernández.
Cabe recordar que el cambio se ha notificado un día antes de la audiencia preliminar que celebrará el Supremo este jueves --con Ábalos, Koldo y Aldama presentes para escuchar las alegaciones de sus defensas-- de cara al juicio de las mascarillas, que se prevé para abril.
La primera salida de Koldo y Ábalos de la prisión de Soto del Real
El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que los tres "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos. En su decisión se apunto a negociaciones en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".
Puente también decidió el pasado 27 de noviembre la entrada en prisión provisional de Ábalos y Koldo por riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama.
Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público. Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.