San Martín: Investigan a alcalde que habría favorecido a empresa por más de S/ 7 millones
Antes del amanecer la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de San Martín ejecutó un operativo de allanamiento con fines de registro e incautación en la sede de la municipalidad distrital de El Eslabón, provincia de Huallaga, en el marco de una investigación contra el alcalde de esa localidad, Luis Erlito Mundaca Rufasto.
Según la información oficial, se le vincula con presuntos delitos de delito de colusión agravada. La autoridad edil es investigada, junto a tres funcionarios municipales, familiares y un contratista, tras detectarse indicios de un pacto ilícito para favorecer a un consorcio en la licitación de una obra de infraestructura vial valorizada en S/ 7 millones 497 mil 583.32.
En efecto, el operativo no solo involucró al alcalde, sino también a su pareja, Melisa Chonlon, y sus hermanos José y Leibniz Mundaca, quienes habrían colaborado en la ejecución y ocultamiento de los actos de corrupción.
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Según indagaciones preliminares, el alcalde habría favorecido con el contrato de la obra al empresario Yván Guevara a cambio de una camioneta de alta gama y un beneficio económico proyectado en tres millones de soles.
La diligencia de allanamiento, autorizada judicialmente, se efectuó de forma simultánea en los distritos de El Eslabón y Bellavista, con el apoyo operativo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) en inmuebles vinculados al alcalde Mundaca, incluyendo su domicilio y las oficinas del despacho de Alcaldía, gerencia municipal, logística y tesorería de la sede municipal.
Durante la diligencia, el equipo liderado por el fiscal adjunto provincial José Peche Gonzáles incautó documentos clave y dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares y computadoras, con el fin de asegurar las pruebas que acrediten la concertación delictiva.
Asimismo, se ejecutó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del alcalde y los otros investigados, a efectos de acceder a la evidencia digital y mensajería que determine si Mundaca tiene vínculos con la red de corrupción.
Ya antes, el alcalde de El Eslabón, Luis Mundaca había sido denunciado públicamente por su ex pareja, Thalía Mendoza, quien lo señaló por presuntas amenazas y posibles irregularidades en la gestión municipal.
La acusación encendió alertas en el distrito, donde organizaciones locales exigieron a la Fiscalía y a la Policía una investigación inmediata, debido a que la denuncia no solo involucraba temas personales, sino también el presunto manejo indebido de recursos públicos.
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La población demandó transparencia y celeridad para esclarecer los hechos.
CAJAMARCA: PRISIÓN PARA OTRO ALCALDE
Entre tanto, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró que se condene a 18 años de prisión a Carlos Martínez, exalcalde de la municipalidad provincial de San Ignacio (1994-2014), en el departamento de Cajamarca, por el delito de peculado doloso por apropiación.
Como parte de la sentencia condenatoria, Martínez fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años y deberá pagar al Estado el equivalente a 620 días multa.
Junto con él fueron sentenciados exfuncionarios municipales que, entre los años 2011 y 2014, se organizaron para apropiarse de S/ 762 000 de fondos públicos, a través de la simulación de contratos por supuestos servicios de elaboración de planos de replanteo y levantamiento topográfico.
Se trata de Álvaro Cabrera, exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura Urbana; José Larraín, exjefe de Liquidaciones; Wilfredo Rivera, exjefe de Logística; Roel Aldana, exjefe de Tesorería; y William Díaz, exasistente de la oficina de Liquidación de Obras.
Todos ellos fueron sentenciados como autores del delito de peculado doloso por apropiación, a penas de hasta 18 años de prisión efectiva.
Asimismo, José Larraín, Juan Reyes y Luis Ancajima también fueron sentenciados como cómplices del delito de asociación ilícita en su forma agravada, al haber integrado la organización criminal ‘Los topos de San Ignacio’.
Durante el proceso penal, el fiscal provincial José Guevara Gilarmas acreditó la duplicidad y multiplicidad de pagos por servicios inexistentes.