Álava retira todos los honores que mantenían Franco y Mola desde 1936 con el único rechazo expreso de Vox
PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin y también el PP aprueban una resolución para revocar las distinciones y destacan que es un día "importante"
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Las Juntas Generales de Álava han aprobado, con el apoyo de todos los grupos excepto el de Vox, la revocación de los títulos honoríficos de “padre de la provincia” concedidos durante la dictadura a Francisco Franco y Emilio Mola. La Diputación también ha iniciado una revisión de otras posibles distinciones, como las recibidas por Camilo Alonso Vega, máxima autoridad militar en Vitoria el 18 de julio de 1936 y que hizo que la ciudad fuera la primera capital conquistada por los sublevados.
La proposición de norma aprobada este miércoles en el Parlamento foral fue presentada por el PNV, EH Bildu, PSE-EE y la coalición Elkarrekin, de Podemos e IU. El PP no firmaba la propuesta -por estar entre los proponentes la izquierda abertzale- pero siempre ha estado de acuerdo con su contenido. La decisión tendrá efectividad una vez se publique en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y cuenta con cuatro artículos y una disposición final, según informa Efe.
Revoca de manera formal y definitiva y declara sin efecto los nombramientos honoríficos de “padre de la provincia” y de “diputado general honorario” concedidos al dictador Franco, y de “padre de la provincia” al general golpista Emilio Mola, que falleció en un vuelo salido de Vitoria. En la norma se establece que se procederá a la anotación expresa de esta revocación en todos los registros, libros de honores o archivos de la Diputación en los que figuren estos nombramientos, y que se dará el máximo nivel de publicidad institucional a este acuerdo.
El nombramiento de “padre de la provincia” a los dos militares que se alzaron contra la II República fue aprobado por la Diputación de Álava, ya conquistada por los sublevados, el 12 de noviembre de 1936, hace ahora casi noventa años. En el texto aprobado se recuerda que estos títulos revocados constituyen el “máximo peldaño de reconocimiento civil en Álava, reservados históricamente a quienes han destacado en la defensa y conservación de las libertades”. La revocación de estos títulos dan cumplimiento a las leyes estatal y vasca de memoria histórica.
Durante el debate, el portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha dicho que era un día “importante” para Álava. Ruiz de Galarreta ha añadido que aunque haya quien piense que esto llega tarde “no hay un momento más acertado” para hacerlo cuando la “ultraderecha esta en auge en todo el mundo” y cuando se escucha a jóvenes que no vivieron a Franco “alabar” sus políticas.
Eva López de Arroyabe, de EH Bildu, también ha hablado del retraso en la revocación de estos títulos a los dos generales golpistas y lo ha achacado a que la transición española se cimentó sobre la “desmemoria y el olvido”. Josu López Ubierna, del PSE-EE, ha argumentado la retirada de estos títulos en que “no es un honor dar un golpe de Estado” y ha señalado que lo aprobado este miércoles es un mensaje de “reconocimiento a todas las víctimas del franquismo”. Daniel García (del PP) ha explicado que su grupo apoyaba esta norma porque supone respaldar los valores de la democracia y ha mostrado su esperanza en que otras víctimas, en referencia a las del terrorismo, conciten el mismo nivel de consenso que el alcanzado este día en torno a las del franquismo. Y David Rodríguez (de Podemos y de la coalición Elkarrekin) ha hablado de un “gran día”.
El único procurador que ha votado en contra de este texto ha sido el de Vox, Jonathan Romero, quien ha dicho que esta iniciativa es una muestra más de la imposición de la “la mal llamada ley de memoria democrática que pretende dividir a los españoles entre buenos y malos”. Sostiene que se persigue “reescribir la historia desde los despachos”.
El edificio donde se ha celebrado el debate, el palacio de la Provincia que acoge tanto la Diputación como el plenario de las Juntas Generales, fue sede del primer Ministerio de Justicia de la dictadura. Desde allí, el nuevo régimen desmontó los derechos civiles del período constitucional anterior y diseñó la represión que se mantuvo cuatro décadas.