La Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional investigue a Puente por el accidente de Adamuz
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado en contra de que se investigue en este tribunal una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentada contra él por la asociación Libertad y Justicia por homicidio imprudente, entre otros delitos, a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 45 personas.
Según confirman fuentes jurídicas, el Ministerio Público considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los hechos. El magistrado Antonio Piña abrió diligencias previas a raíz de esa denuncia y dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciase sobre la competencia del tribunal y solicitase, en su caso, diligencias a practicar.
En esa resolución, el magistrado afirmaba que los hechos denunciados presentaban "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
También contra Ábalos y Koldo
La denuncia, adelantada por The Objective, no solo se dirigía contra el titular de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, sino también contra su antecesor, José Luis Ábalos; el que fuera su asesor, Koldo García (ambos en prisión provisional por el «caso Koldo»); el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y varios altos cargos del gestor de infraestructuras ferroviarias (entre ellos los jefes de los departamentos de Circulación y Mantenimiento); los responsables de la UTE Guadálmez-Córdoba a la que se adjudicó la renovación del tramo accidentado (Ferrovial, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Convensa y Azvi); así como, en calidad de personas jurídicas, Adif, Adif Alta Velocidad y las sociedades que integraron esa UTE.
Al margen de 45 homicidios por imprudencia grave (tantos como fallecidos en el accidente), Libertad y Justicia imputaba a los denunciados 152 delitos de lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de impedir delitos, malversación y cohecho.
Además del interrogatorio de los denunciados, la asociación que preside el abogado Pedro Muñoz Lorite reclamaba que el juez acordase el embargo preventivo de sus bienes por valor de 150 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. Y, también, que se les prohibiese salir de España para evitar una posible fuga, que fuesen suspendidos en sus cargos y que se impidiese contratar con la Administración Pública a las empresas que conformaron esa UTE.
Petición de testigos
La asociación apremiaba también a la Audiencia Nacional a citar a declarar como testigos a los representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que alertó en agosto de 2025 de las deficiencias en la vía y propuso a Adif reducir a 250 km/h la velocidad de los trenes. También pretendía que testificasen los maquinistas del Alvia y del Iryo que sobrevivieron al accidente ferroviario, así como los pasajeros supervivientes.
Libertad y Justicia considera que Adif ignoró esas advertencias minimizando los problemas en las vías denunciados por el sindicato de maquinistas hace solo cinco meses. A Puente le señalaba como «máximo responsable político», pero también apuntaba a Ábalos porque el procedimiento de licitación del tramo siniestrado se inició en diciembre de 2011 con él al frente del Ministerio de Transportes. Al antecesor de Puente también le reprochaba las adjudicaciones efectuadas a empresas vinculadas a tramas de corrupción por las que está siendo investigado en la actualidad.
En cuanto a Koldo García, afirmaba que su participación en la supuesta trama de corrupción por la que está a la espera de juicio en el Tribunal Supremo pudo condicionar las adjudicaciones y la calidad de los trabajos de renovación de la vía.
La asociación achacaba el accidente a una cadena de «negligencias administrativas» de quienes tenían el deber de garantizar la seguridad de los viajeros.