El fiscal pide 46 años de cárcel a un exentrenador de fútbol logroñés por abuso a menores
El fiscal pide una pena conjunta de 46 años y nueve meses de prisión para un exentrenador del Club Deportivo Varea (Logroño) y exojeador del Club Atlético Osasuna como presunto autor de los delitos de abuso sexual continuado, descubrimiento de secretos, pornografía infantil y acoso sexual, que afectan, en diferente medida, a ocho menores de edad a los que entrenaba.
La Audiencia Provincial de La Rioja juzgará a este hombre, sin antecedentes penales, los próximos días 10 y 11, en los que el fiscal detallará sus peticiones de condena, que oscilan entre 11 años y 6 meses de prisión por unos hechos que ocurrieron, en la mayoría de los casos, en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022.
También pide que el acusado y el Club Atlético Osasuna, como responsable civil subsidiario, indemnicen a las víctimas con cantidades que oscilan entre 12.000 y 4.000 euros, y que suman un total de 49.000 euros por daños morales, informa Efe.
El escrito de acusación del fiscal señala que el acusado entrenó a categorías formadas por jugadores menores de edad del Club Deportivo Varea y tenía una relación laboral con el Club Atlético Osasuna como ojeador o "cazatalentos".
El procesado, con "el propósito de satisfacer sus deseos sexuales" y prevaliéndose de la posición de superioridad y la facilidad de acceder a menores de edad por su condición de entrenador, conversaba con estos, generalmente a través de la aplicación de whatsapp.
Decía a los menores que confiaran en él, que borraran las conversaciones que mantenía con ellos y que no contaran nada a otras personas.
También les comentaba, tras ganarse su confianza, que podrían entrenar en categorías de fútbol superiores o profesionales por su mediación e, incluso, fichar por el Osasuna.
El fiscal relata que, en otras ocasiones, llevaba a los menores a un domicilio y les solicitaba imágenes de carácter sexual.
Este exentrenador, cuando fue detenido en 2022, portaba dispositivos electrónicos en los que se encontraron gran cantidad de archivos multimedia en los que se observaba a menores de edad y adolescentes con conductas de índole sexual.
El fiscal, que aplica la agravante de abuso de confianza, añade, por cada una de las penas de prisión pedidas, la prohibición de aproximación a cada una de las víctimas a 200 metros y de comunicarse con ellas por un tiempo superior a 4 años respecto de cada una de las peticiones de cárcel.
Además, aboga por una libertad vigilada del procesado de 5 años por cada uno de los delitos contra la libertad-indemnidad sexual y la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve el contacto con menores de edad por un tiempo de 5 años más que las penas de prisión pedidas.