Unas 400 viviendas de protección oficial de la Junta en Córdoba están ocupadas de manera ilegal

La Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz ha respondido a una pregunta escrita del propio Parlamento. En concreto, sobre el parque público de viviendas en Córdoba y la tasa de ocupación en los inmuebles que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La pregunta ha sido formulada por el grupo Vox y la Consejera ha explicado que actualmente AVRA gestiona en la provincia de Córdoba 6.870 viviendas públicas . Además, desglosa por los distintos municipios aquellas que están a día de hoy ocupadas. En total en Córdoba hay 375 viviendas de AVRA ocupadas según los datos oficiales de la Junta. Esto representa un 5,4% del total que gestiona la entidad pública. La capital se lleva el mayor porcentaje, acumulando 290 ocupadas, lo que supone un 77% del total . En barrios como el Guadalquivir o las Moreras, hay viviendas gestionadas por Avra Luego sigue la localidad de Rute que cuenta con 17 casas en situación irregular. También en otros municipios como Priego de Córdoba o Lucena hay hasta 15 casas ocupadas de Avra ; e incluso en Baena (12) o Puente Genil (13). Los datos reflejan también que Bujalance cuenta con seis casas ocupadas de forma irregular; mientras que Alcolea, Almodóvar del Río, Hornachuelos, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, La Victoria y Villa del Río cuentan con una vivienda ocupada en cada municipio. La Junta de Andalucía ha explicado que aplica, a través de Avra, un protocolo sistemático para abordar ocupaciones irregulares, comenzando por valorar si es posible regularizar cada caso. Cuando no procede, se inicia el expediente de recuperación del inmueble para garantizar su destino legítimo. La verificación de la ocupación «permite detectar usos indebidos y activar medidas administrativas o judiciales». Para reforzar esta labor, la Junta ha formalizado una nueva contratación que ampliará el alcance de las verificaciones y agilizará la puesta a disposición de viviendas a familiar vulnerables inscritas en los registros municipales. Por otro lado, apunta el Gobierno andaluz que «las viviendas que están siendo usadas con fines lucrativos y/o delictivos en la provincia, corresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado aportar dicha información».